Naufragio del «Villa de Pitanxo»
Fianza multimillonaria para Padín y los Nores por el Pitanxo: «Actuaron por su beneficio económico»
El juez Moreno emite auto de apertura de juicio oral y da un día a los acusados para que presenten 44 millones de euros en concepto de fianza solidaria nLas familias reclaman penas superiores a 30 años

Tripulantes en cubierta del «Villa de Pitanxo», en una marea anterior a la del naufragio. / Faro

Veintiún delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro delito contra los derechos de los trabajadores. Estas son las losas que pesan sobre las tres personas físicas encausadas por el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo —Juan Enrique Padín, José Antonio Nores Ortega y José Antonio Nores Rodríguez—, frente a las que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno emitió ayer auto de apertura de juicio oral. Con un requerimiento adicional, mayúsculo y apremiante: que presten, «en el plazo de un día», una fianza civil y solidaria (entre todos) por 44 millones de euros «para asegurar las responsabilidades» que se les pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria. La armadora Pesquerías Nores Marín (responsable civil subsidiaria) y la aseguradora British Marine (responsable civil directa) han sido interpeladas para que completen la fianza multimillonaria del capitán del Villa de Pitanxo, el director general y el director de flota de la compañía pesquera.
Peticiones de las acusaciones
Los abogados de las acusaciones particulares solicitarán previsiblemente una aclaración al juzgado teniendo en cuenta que Moreno no ha atendido todas sus pretensiones —sí la de la fianza, porque esos 44 millones son los que pedían las familias—, que elevarían las penas de prisión por hasta más de 30 años, frente a los 9 defendidos por el Ministerio Fiscal y el propio juez instructor. La defensa del superviviente Samuel Koufie, por ejemplo, ha interesado la calificación de 21 delitos de homicidio doloso, además de un «delito de imposición de condiciones laborales ilegales» o de «falsedad documental» . Pero hay más, porque otras defensas abogan por incluir el de falsedad en documento mercantil, que se correspondería con el testimonio falso que, defienden, prestó Padín en la protesta de mar cuando atribuyó el siniestro a una parada súbita del motor principal Wärtsilä.
Conocimiento del peligro y beneficio económico
«Los tres acusados conocían el peligro concreto y grave para la vida que generaban con su conducta» , apela uno de los escritos de acusación, aludiendo a las prácticas presuntamente negligentes del patrón del buque y la armadora, cuyo buque llevaba faenando en el caladero de NAFO cuatro años tras habérsele retirado la autorización por problemas de sobrepeso, como desveló FARO. «El capitán —complementa otra de las acusaciones— optó reiteradamente por conservar el aparejo y las capturas antes que picar los cables [...] Los armadores consintieron y mantuvieron esa estructura de riesgo por razones de beneficio económico» .

Infografía del «Villa de Pitanxo». / Ciaim
Falsedad documental y trajes de inmersión
Las calificaciones de delito de estafa procesal o falsedad documental en documento privado, también incluidos, se sostienen sobre la presunta falsificación del documento con el que Pesquerías Nores justificó que había adquirido 26 trajes nuevos de inmersión de la marca Viking, pese a que ninguno de los trajes recuperados en el lugar del siniestro no solo no eran de esta casa, sino «extremadamente antiguos y no habían sido revisados desde su fabricación» , hace más de 20 años. «Básicamente, falsificaron tales documentos para tratar de hacer ver que habían sido diligentes en sus deberes de prevención» . La falsedad en documento privado o de estafa procesal son delitos interesados solo a los Nores.
Delitos contra los derechos de los trabajadores
El hecho de que el auto de Ismael Moreno mencione «un delito de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro delito contra los derechos de los trabajadores» significa que a los acusados le atribuyen dos delitos derivados del mismo incumplimiento de las normas de seguridad laboral: haber puesto en peligro a los trabajadores y haber causado lesiones a uno de ellos, Samuel Koufie, diagnosticado con síndrome de estrés postraumático. Las indemnizaciones solicitadas por las familias de los 21 fallecidos y el propio Samuel rebasan los 30 millones de euros. Entre los perjudicados hay un bebé que nació semanas después del siniestro, el 22 de febrero de 2022. Solo sobrevivieron, de las 24 personas que iban a bordo, Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero Koufie.
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