Pesca contempla una bolsa común de 80.000 euros para ayudar a los barcos que se quedaron sin palometa en Mauritania

Las calles de Marín se convirtieron en un auténtico hervidero en 2013 cuando cientos de personas impulsaron una marea de protestas en apoyo a los marineros gallegos expulsados de Mauritania. Era la gran flota cefalopodera de la comunidad: la mayoría barcos del pulpo que nunca regresarían a las aguas del país africano. Y ese ruido a golpe de consignas, ese bullicio que aunaba solidaridad con el vecino y reivindicación social, contrasta hoy con el silencio que impera en el caladero, donde las bajas de las embarcaciones españolas han seguido sucediéndose, una tras otra, hasta hacer desaparecer pesquerías, como ha ocurrido ya con la palometa negra.

El desplome de las capturas ha empujado a los buques que pescan esta especie a cesar su actividad, regresando de nuevo a España y en algunos casos poniéndose directamente a la venta. Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó este lunes el borrador inicial que establece las ayudas compensatorias que pueden recibir los armadores. Prevé la creación de una bolsa común de 80.000 euros que podrá cubrir hasta el 100% de la pérdida de ingresos reconocida por cada pesquero, sometida al límite europeo de minimis y al crédito disponible.

El borrador constata la sangría de la palometa negra, también llamada castañeta. Las capturas pasaron de 2.928 toneladas en 2019 a solo 80 en 2025, precipitándose un 97%.

El Ministerio relaciona la desaparición de la especie con la reducción de la biomasa reproductora, los cambios oceanográficos y el aumento de la temperatura superficial del mar en la zona. Los bancos de peces pelágicos se estarían desplazando hacia el norte, especialmente hacia aguas de Marruecos. Y el gran problema para la flota europea es que no dispone de un acuerdo pesquero que le permita acceder al caladero magrebí.

A la particular crisis de la castañeta se suma otro elemento de tensión: sigue sin producirse la firma del nuevo protocolo pesquero que están negociando la Comisión Europea y Mauritania. Como recogió FARO en su edición de este lunes, el sector teme una nueva expulsión en el continente si no se alcanza un consenso total pronto, habida cuenta de que el actual acuerdo expira en noviembre. El quid de la cuestión está en que el país africano exige más dinero a Bruselas a cambio de abrir su litoral, y el Ejecutivo comunitario parece no estar dispuesto a ceder.

Suscríbete para seguir leyendo