La asfixia de la flota y el marisqueo acelera el desembolso de apoyos europeos para compensar paradas temporales

Los Veintisiete pueden echar mano de hasta 5.311 millones de euros de las arcas comunitarias para impulsar la pesca y la acuicultura entre 2021 y 2027. Es un dinero que corre a cargo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que riega a España con 1.120 millones —⁠uno de cada cinco euros⁠— y sitúa al país como gran beneficiario de este presupuesto, repartido a su vez entre diferentes prioridades para tratar de alcanzar los objetivos de la Política Pesquera Común.

Las estadísticas oficiales de la Comisión permiten ver, con detalle, cómo avanza el grado de ejecución de los fondos en cada una de estas categorías. A nivel nacional, la línea que más crédito ha consumido del total asignado no es la destinada a reforzar la competitividad del sector de la proteína azul, reducir los impactos sobre el medio marino o mejorar la vigilancia pesquera, sino la dirigida a compensar las paradas temporales de la flota y el marisqueo.

España ha desembolsado ya 31,4 millones de euros dentro del actual marco financiero plurianual para sufragar los ceses de actividad de armadores y recolectores de bivalvos, lo que supone el 41% de los 77,3 millones contemplados para hacer frente a estos episodios de crisis del sector. Hasta el primer trimestre de 2026, ningún otro capítulo supera tal porcentaje de gasto, que para el conjunto de partidas del país se reduce al 28% con 313,9 millones utilizados del total de 1.120.

El pago de las ayudas para cubrir paralizaciones temporales se ha intensificado estos últimos años, en los que la escasez de diferentes especies ha forzado a algunos grupos de pescadores y mariscadores a someterse a periodos de vedas biológicas o cierres, en algunos casos también como consecuencia de los temporales. Así ha ocurrido este 2026, por ejemplo, con los amarres de la flota en Andalucía —⁠al ser imposible salir al mar en esas condiciones⁠—, o tras el desastroso impacto de las lluvias torrenciales en los bancos marisqueros de Galicia, donde el tren de borrascas de enero y febrero disparó la mortandad en decenas de zonas de explotación.

Como avanzó FARO en su edición de este lunes, la asfixia del sector se salda a pie de lonja con el peor balance para un primer semestre en 23 años. Los centros gallegos de primera venta solo facturaron 167,1 millones de euros hasta junio, el menor valor desde 2003, y solo comercializaron 42.587 toneladas de productos del mar, el menor volumen desde que hay registros.

El gasto por prioridades

El mayor grado de ejecución de los fondos destinados a paradas temporales choca con el nulo uso del Fempa para paradas definitivas, que en España cuentan con 11,5 millones reservados que todavía no se han utilizado, a pesar de que son varios segmentos de la flota los que han reclamado estos apoyos. Así lo hizo el cerco, que en boca de Acerga advirtió ya hace dos años de la falta de cuotas y reclamó ayudas para desguazar «entre 30 y 40» embarcaciones, o el palangre, que a través de las cuatro grandes organizaciones de Galicia (la viguesa Opnapa, la guardesa Orpagu, la marinense Opromar y la burelesa OPP-7) formuló una petición para achatarrar 45 buques que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desoyó.

Respecto al resto de partidas, el mapa del Fempa en España deja una ejecución muy desigual. Las compensaciones por sobrecostes en regiones ultraperiféricas han usado ya un 39% del presupuesto disponible para esta categoría; las medidas de control e inspección pesquera se sitúan en el 35%; y la gestión y seguimiento de áreas marinas protegidas, incluida Natura 2000, también ronda ese porcentaje.

En un ritmo intermedio aparecen las actuaciones para reforzar la viabilidad y competitividad del sector, con un 31%; la recogida y el análisis de datos científicos, con un 27%; y las estrategias de desarrollo local participativo, que se mueven entre el 26% y el 27%.

Las medidas para reducir impactos sobre el medio marino apenas rozan el 13%; la contribución a la neutralidad climática se queda en el 10%; y la asistencia técnica figura todavía al 0%.

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