Los países europeos no han utilizado todavía el 77% de los fondos destinados a la pesca entre 2021 y 2027

Los países de la Unión Europea disponen de dos vías directas para apoyar a sus respectivos sectores pesqueros y acuícolas. El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) es la primera, con un total de 6.108 millones de euros presupuestados en el actual marco financiero plurianual (2021-2027), de los que 5.311 millones se reparten entre los Estados miembros y 797 millones son gestionados por la Comisión Europea. La segunda vía corre a cargo de la cofinanciación nacional, la aportación que los gobiernos de cada país y comunidad realizan con fondos estatales y autonómicos para cubrir la otra parte del coste de los proyectos, subvenciones o programas vinculados a la pesca y la acuicultura. Son 2.648 millones, que sumados a los 5.311 millones de fondos europeos a disposición de los Veintisiete hacen un total de 7.959 millones de euros —⁠sin contar el dinero que maneja el Ejecutivo comunitario⁠—⁠. Hasta el primer trimestre de 2026, los países solo han gastado un 23% de ese presupuesto (1.812 millones), permaneciendo el 77% restante sin usar.

Así se desprende del análisis realizado por FARO a partir de las estadísticas oficiales de Bruselas, que evidencian el reducido grado de ejecución de estos fondos. A menos de dos años para que concluya el plan plurianual en vigor, ningún país ha ejecutado la mayor parte del presupuesto europeo que se le ha asignado. El que más, Irlanda, solo ha concedido el 40%. Y los dedos de una mano dan para contar los que alcanzan el 30% o lo superan por poco (Suecia, Austria, Finlandia y Dinamarca). España ocupa el sexto lugar del ranking, con un 28%, y las cifras bajan más y preocupan entre potencias como Italia (19%), Grecia (18%) o Países Bajos (18%).

Bien es cierto que los pagos con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura podrán realizarse hasta finales de 2029, pero las cifras son representativas del bajo nivel de apoyos europeos que por ahora han llegado a la pesca y la acuicultura bajo su paraguas, vinculado al periodo 2021-2027. Así lo certifica también el mínimo cumplimiento de los logros planteados, puesto que el Fempa solo ha conseguido aumentar la producción anual de proteína marina de los Veintisiete en 10.919 toneladas, un 7% de la nueva capacidad prevista, y apenas ha creado empleo en el mar: 428 trabajos frente a los 3.467 proyectados.

El Gobierno de Ursula von der Leyen es consciente del problema y parece reaccionar, teniendo en cuenta que esta semana ha abierto una consulta pública en la que solicita opiniones de cara a una posible modificación específica del Fempa. «El objetivo es simplificar, flexibilizar y facilitar la aplicación del fondo, incorporando al derecho de la UE el Acuerdo de la OMC sobre subvenciones a la pesca», señala la Comisión en su comunicado. «Algunas normas son difíciles de aplicar y ciertas oportunidades de financiación se perciben como demasiado rígidas para desbloquear las inversiones que necesita el sector», añade, basándose en los resultados de la evaluación intermedia que se ha desarrollado para medir el desempeño del fondo y los comentarios de los Estados miembros y los consejos asesores.

España ya expresó a Bruselas su postura en el informe técnico que remitió durante la evaluación de la Política Pesquera Común (PPC), que como adelantó FARO será sometida a una «revisión quirúrgica». En dicho documento, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trasladó su oposición al tope que limita los apoyos del Fempa a un máximo de seis millones de euros o al 15% del importe total asignado a cada Estado miembro para la renovación de la flota, su modernización y las paradas definitivas y temporales de la actividad: una «doble traba» que obliga a elegir entre apostar por el futuro o ayudar a los pescadores que peor lo pasan.

A la problemática de la ejecución se suma el previsible recorte de fondos europeos para la pesca y la acuicultura en el próximo marco financiero plurianual (2028-2034), para el que la CE planteó a priori un tijeretazo del 67% del presupuesto comunitario, desde los 6.108 millones a solo 2.000. Los Estados miembros han acordado aumentar dicha partida hasta los 4.000 millones, exclusivos para el sector y a los que se sumaría una segunda que rondaría los 1.500 millones dedicada íntegramente al control y la recopilación de datos.

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