Bruselas se compromete a una «revisión quirúrgica» de su política pesquera

La Política Pesquera Común (PPC) será sometida a una «revisión quirúrgica» para dar respuesta a las necesidades del sector, después de que la propia Comisión Europea reconociera hace dos meses que el marco legislativo que rige la actividad no ha cumplido la mayor parte de los objetivos marcados en 2014, cuando entró en vigor su última reforma. Este cambio de rumbo, concebido como una victoria para la pesca y una apuesta por su futuro, ha sido trasladado por el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, a la patronal de la flota, Europêche, durante un largo encuentro celebrado este jueves en Limasol (Chipre). Algunas de las cuestiones prioritarias que se abordarán serán la obligación de desembarque y la limitación de la capacidad pesquera.

«Fue una reunión positiva y constructiva», reconoce en declaraciones a FARO el presidente de Europêche, Javier Garat, que aplaude los nuevos pasos dados por Bruselas. Según explica, la apuesta del Ejecutivo comunitario no pasa por un cambio total de la actual normativa, ya que «hay cosas que funcionan y que no hay que tocar», sino por hacer modificaciones selectivas, puntuales pero de gran calado, que darán certezas al gremio.

El compromiso de Kadis es que la propuesta legislativa arranque a comienzos del año que viene, previsiblemente en el primer trimestre. El proceso hasta completar esa «revisión quirúrgica» duraría entre un año y medio y dos años, estiman fuentes especializadas, por lo que la nueva regulación podría ver la luz entre finales de 2028 y el inicio de 2029.

«El comisario está dispuesto a solucionar los problemas y quiere dejarlo hecho en su mandato», abundan desde el sector, que lleva años luchando para que se reformule la Política Pesquera Común. La decisión llega después de conocerse oficialmente los resultados de la evaluación de la normativa, encargada por Bruselas y publicada en abril, según la cual la PPC no cumplió una parte importante de sus objetivos.

En ese informe, analizado y divulgado por FARO, la Comisión confirmó que la rentabilidad de los pesqueros europeos se hundió del 8% al 1% entre 2014 y 2023, los primeros 10 años en vigor de la última reforma de la regulación. Pero el deterioro económico y social del sector no se quedó ahí: la pesca perdió más de 21.500 trabajadores en esa década, la edad media de la flota se elevó de 26 a 35 años y uno de cada cinco barcos de gran escala se dio de baja. A nivel ambiental, el tercer pilar que sostiene el marco legislativo de la pesca europea, Bruselas admitió «avances lentos en la sostenibilidad» de los caladeros.

En un comunicado difundido este viernes a los medios, Europêche evidencia «la necesidad de que la próxima etapa de la política pesquera europea incorpore medidas concretas para recuperar la competitividad». A falta de que se profundice en ellas, la futura «revisión quirúrgica» pondrá el foco en dos cuestiones fundamentales: la obligación de desembarque y los límites de capacidad pesquera.

La primera medida exige a los barcos llevar a puerto las capturas que antes podían descartarse en el mar. Aunque existen algunas excepciones —⁠por ejemplo, si la especie tiene una alta probabilidad de sobrevivir al ser devuelta al agua⁠—⁠, la flota considera que la norma genera problemas importantes. El principal es el llamado efecto choke: un barco puede tener todavía cuota disponible para pescar su especie principal, pero verse obligado a dejar de faenar porque ha agotado la cuota de otra especie que captura de forma accidental. Esto provoca cierres anticipados, impide que se aprovechen las posibilidades pesqueras asignadas y aumenta el tiempo dedicado a clasificar y gestionar las capturas, además de incrementar los costes de cada marea.

A los perjuicios que genera la obligación de desembarque para la flota se suma la actual limitación de la capacidad pesquera —⁠medida en GT, gross tonnage⁠—⁠. La normativa europea fija un arqueo bruto máximo para evitar que haya demasiados barcos o que estos tengan una capacidad excesiva de pesca. Sin embargo, el sector considera que este sistema se ha quedado desfasado, porque no distingue entre el espacio destinado a las bodegas y el espacio necesario para mejorar la seguridad, la habitabilidad o la eficiencia energética de los buques. Instalar motores más limpios, hacer mejores camarotes o ampliar las zonas de descanso requiere más espacio a bordo y, por tanto, más GT, sin que esto permita al barco pescar más.

La mejora de la vida a bordo es crucial, sobre todo después de leer el primer diagnóstico social de la pesca europea, que alerta de una «tormenta perfecta» sobre la flota española y su relevo generacional. España es el tercer país de la Unión Europea, solo tras Grecia e Italia, que más empleos del mar perdió entre 2017 y 2023: unas 4.360 bajas. «La escasez de tripulantes amenaza la viabilidad de la actividad», advierten los expertos del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stecf).

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