La Comisión Europea avisa de que «los bajos salarios» y la percepción de «una profesión sin futuro» lastran la incorporación de trabajadores al sector

La Comisión Europea presume del primer aniversario del Pacto de los Océanos, su estrategia integral para cuidar los ecosistemas marinos, fomentar «una economía azul próspera» y apoyar el bienestar de las comunidades costeras. Nació al amparo de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en Niza celebraba el 5 de junio del pasado 2025 y fija un marco unificado para todas las políticas de la UE en la materia. Entre los éxitos cosechados en este tiempo, las autoridades comunitarias destacan el Tratado de Alta Mar en vigor desde el 17 de enero que consolida la delimitación de zonas protegidas para llegar a 2030 con un 30% de los océanos a salvo, «un logro histórico en el derecho internacional y la gobernanza oceánica»; y la «evaluación exhaustiva» del reglamento de la Política Pesquera Común (PPC) para analizar su efectividad y marcar el rumbo para el próximo ciclo de oportunidades pesqueras hasta 2027.

El diagnóstico arroja luces y sombras. «El estado de conservación de las poblaciones en término de biomasa no ha mejorado como se esperaba de manera general, a pesar de algunas señales positivas a nivel regional», señala Bruselas en la comunicación que acaba de remitir al Parlamento Europeo y el Consejo para describir la situación actual del sector. Esa recuperación «más lenta» de las especies, junto a «un ajuste insuficiente» de la capacidad de pesca «en determinados segmentos de la flota» y la reducción de los desembarques en varias cuencas marítimas siguen lastrando los ingresos «y socavando la rentabilidad a largo plazo». «Esta situación se agrava aún más por la volatilidad de los precios del combustible —añade—, ya que las ambiciones de descarbonización de los modelos de negocio de la flota siguen siendo insuficientes».

La comunicación pone las luces largas para alumbrar la gestión en la futura Visión 2040 para el sector y aboga por «minimizar los efectos negativos de la pesca en el medio marino, sus hábitats y especies» para «salvaguardar la propia base de la prosperidad de la pesca». Por fomentar las sinergias entre la legislación medioambiental y la PPC. La revisión afloró también una menor pérdida de puestos de trabajo de los previstos desde anterior reforma de 2013. Y llama la atención sobre las retribuciones a los profesionales de la pesca: a pesar de los «aumentos significativos» en «algunos segmentos de flota» gracias a la mejora del estado de las poblaciones y «la optimización» del modelo de negocio, el salario medio en el sector «no ha aumentado al ritmo esperado».

Desde Bruselas se señalan «los bajos salarios» como uno de los principales enemigos para captar jóvenes a bordo. «El relevo generacional sigue representando una dificultad y se prevé que afronte retos aún mayores a medida que la población envejece». La cúpula europea no es precisamente muy optimista. Espera que el número de nuevas incorporaciones al sector pesquero «sea limitado». Además del problema en la remuneración, identifica como obstáculos «la incertidumbre en torno a la abundancia de las poblaciones de peces, la percepción de que la profesión no tiene futuro, la exigencia de la carga de trabajo y el envejecimiento de la flota y de las tecnologías, así como las dificultades y cargas administrativas».

La Comisión Europea realizó en 2024 un estudio a fondo sobre los requisitos de formación y certificación de los pescadores en los estados miembros. A partir de ahí, puso en marcha unas normas mínimas comunes para todo el territorio y evalúa «la mejor manera» de incorporar al Derecho de la UE las normas internacionales vigentes en ambos aspectos. «La iniciativa pretende abordar la cuestión de que el sector pesquero se encuentra entre las profesiones más peligrosas», recuerda, con la formación y la certificación erigidas en «factores determinantes» también del relevo general necesario para la continuidad de la pesca «y, con ello, preservar un suministro estable de alimentos a los mercados de toda la UE y mantener las comunidades costeras».

Igual que el CES

Mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad. Dos de los objetivos que, precisamente, el Consejo Económico y Social de España (CES) receta en su monográfico «La pesca, la acuicultura y la industria transformadora en España. Retos para su sostenibilidad», publicado en 2024. Expresamente, identifica la necesidad de «mejorar la retribución» de los pescadores para que sea «suficiente» y apostar por un convenio colectivo marco que se pueda aplicar a las distintas flotas.

Al cierre de abril, en Galicia había 17.262 afiliados al régimen general del Mar, que, además de los pescadores, incluye al personal del marisqueo, Marina Mercante, estibadores y otros oficios portuarios y buceadores profesionales. Son 713 cotizantes menos que un año antes y casi 3.500 por debajo de los niveles prepandemia. Cuatro de cada diez superan los 50 años. Solo están dados de alta 470 menores de 25 años, el 2,7% del total.

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