La pesca de recreo sostiene ante el Supremo que el sistema de control español es «más gravoso» que el modelo de la UE

Las asociaciones de pesca recreativa que han llevado al Tribunal Supremo el nuevo sistema estatal de declaración de capturas sostienen que España ha implantado un modelo de control más exigente que el aplicado en otros países de la Unión Europea y sin justificar adecuadamente por qué se aparta de la solución común impulsada desde Bruselas. Las entidades recurrentes, entre ellas la Federación Galega de Pesca Marítima Responsable e Náutica de Recreo, centran buena parte de sus argumentos en que el Gobierno ha optado por desarrollar la aplicación PescaREC en lugar de utilizar RecFishing, la plataforma comunitaria creada para armonizar la recopilación de datos de la actividad entre los distintos Estados miembros.

Según explican las organizaciones en un escrito al que ha accedido FARO, el recurso no cuestiona la obligación de declarar capturas ni la necesidad de avanzar hacia sistemas digitales de control. De hecho, defienden una pesca de recreo «colaboradora con la ciencia, comprometida con la conservación marina y dispuesta a aportar información útil para mejorar la gestión de los recursos pesqueros».

La discrepancia, aseguran las asociaciones, radica en cómo España ha trasladado esas obligaciones. A su juicio, la regulación estatal introduce «un modelo más complejo, más gravoso y menos armonizado que el aplicado en otros Estados miembros de nuestro entorno, sin una justificación suficiente de su necesidad, proporcionalidad ni adecuación a la realidad de la pesca recreativa».

Las entidades (entre las que también se incluyen la Asociación Mallorquina de Pesca Marítima Recreativa Responsable, la Asociación Pesca Responsable Al-Andalus y la Associació Catalana per a una Pesca Responsable) destacan que Francia, Italia y Portugal han optado por la plataforma comunitaria RecFishing, concebida para simplificar la recogida de datos y facilitar la comparación de información entre países. Frente a ello, critican que España haya desarrollado una herramienta propia sin explicar qué ventajas aporta respecto al sistema europeo.

«No se puede invocar Europa para imponer en España un sistema más complejo, más gravoso y menos armonizado que el que se aplica en países vecinos», señalan las organizaciones, que reclaman para los pescadores recreativos españoles «las mismas obligaciones, pero también los mismos derechos, garantías y niveles de proporcionalidad» que existen en otros Estados miembros.

Brecha digital y falta de formación

El escrito presentado ante el Supremo también pone el acento en las dudas prácticas que genera la nueva normativa. Entre ellas se pone el foco en la falta de claridad sobre qué especies deben declararse, si es necesario registrar todas las capturas o también las sueltas, cómo actuar cuando no existe cobertura móvil en el mar o qué ocurre con los usuarios que carecen de medios digitales o tienen dificultades tecnológicas.

Las asociaciones consideran que la norma impone una carga administrativa excesiva a una actividad que carece de finalidad comercial. «La pesca recreativa no es pesca profesional y no puede ser sometida a una carga administrativa equivalente a la de una actividad económica intensamente regulada», argumentan.

Otro de los motivos del recurso se refiere al procedimiento de elaboración de la norma. Los recurrentes entienden que una regulación con impacto sobre miles de pescadores (unos 50.000 solo en Galicia), clubes, federaciones, empresas de chárter, puertos deportivos y negocios vinculados debería haber contado con un proceso de consulta más amplio y efectivo. En este sentido, sostienen que la participación del sector no puede reducirse a un mero trámite formal, sino que debe permitir analizar el texto, presentar alegaciones y recibir una respuesta motivada.

Además, cuestionan si la Administración valoró suficientemente aspectos como la brecha digital, la protección de datos personales, el impacto económico de la medida o los costes derivados de desarrollar una aplicación nacional cuando ya existe una plataforma europea operativa.

Las entidades insisten en que su objetivo no es eliminar la recogida de información sobre la actividad: «El problema no es declarar. El problema es imponer una obligación mal explicada, excesiva, poco participada y desconectada de la realidad del pescador».

Por ello, la Federación Galega de Pesca Marítima Responsable e Náutica de Recreo y sus homólogas piden revisar el modelo español para hacerlo «más claro, más proporcionado, más participado y más alineado con Europa», estudiando, entre otras medidas, la utilización de RecFishing, la simplificación de los requisitos de declaración y la apertura de un periodo inicial de carácter formativo antes de la aplicación de sanciones.

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