PescaREC
La pesca recreativa gallega recurre ante el Supremo la aplicación de control del Gobierno
Une fuerzas con las asociaciones de Mallorca, Andalucía y Cataluña contra la obligación de declarar sus capturas

Pescadores aficionados en el muelle de reparaciones de Bouzas, en el puerto de Vigo. / Marta G. Brea
La pesca recreativa gallega llevará ante el Tribunal Supremo el nuevo sistema de control impuesto por el Gobierno español para la actividad, que obliga a declarar sus capturas en aguas exteriores a través de la aplicación móvil PescaREC. La Federación Galega de Pesca Marítima Responsable e Náutica de Recreo figura entre las entidades que han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 214/2026, presentado conjuntamente con la Asociación Mallorquina de Pesca Marítima Recreativa Responsable, la Asociación Pesca Responsable Al-Andalus y la Associació Catalana per a una Pesca Responsable. Por el mismo, más de 80 especies del Cantábrico Noroeste deben ser declaradas por los pescadores aficionados, que también tienen que comunicar datos como la hora de inicio y fin de la jornada de pesca, la zona donde se desarrolla, la modalidad empleada o el número de ejemplares capturados, incluso si no hay o se acaban devolviendo al mar.
El colectivo lleva meses mostrando su rechazo a una regulación que considera desproporcionada para una actividad que, en la mayoría de los casos, se plantea como una afición esporádica. José Antonio Beiro, presidente de la federación gallega, aseguraba hace unos meses en declaraciones a FARO que la nueva normativa era un «desastre» y advertía de que la app había entrado en vigor «dando fallos». Entre los problemas señalados por la entidad figuraba la imposibilidad de descargar la herramienta en los dispositivos iPhone, lo que impedía a parte de los usuarios cumplir con la burocracia exigida.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación afirmó semanas después haber solventado esos problemas, aunque los pescadores aficionados (cerca de 50.000 en Galicia) han seguido denunciando la imposición de gestionar a través de medios electrónicos toda su actividad, para lo que es indispensable un teléfono inteligente que no tiene parte del gremio, con muchos jubilados entre sus filas. La aplicación de la normativa se retrasó de enero a marzo, cuando fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que este miércoles recoge el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la pesca recreativa gallega junto con la mallorquina, la andaluza y la catalana. El escrito fue remitido al Supremo el 19 de mayo.
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