Bruselas descarta cargar a los productores de redes la factura de retirar del mar los aparejos fantasma

«Ballena varada en la bahía de Ålbæk», alertaba en letras bien grandes el rótulo del informativo de la TV2 Nord, una de las ocho cadenas regionales de televisión de Dinamarca, a finales del pasado mes de enero. Pero ni en mayúsculas, ni ensanchando más el cuerpo de la tipografía, esa frase lacónica habría logrado sobreponerse a la imagen que describía: la figura de un cachalote de 14 metros de largo encallado en la costa noreste de Skagen Odde, tras morir de inanición. En su interior, casi 12 kilos de redes de pesca de plástico; una masa sintética alojada en el esófago del animal que le impidió alimentarse hasta causarle un fallecimiento fatal. «Estaba atascada en su garganta como un tapón, así que seguramente no lo pasó nada bien», detallaba Tim Kåre Jensen, veterinario de la Universidad de Copenhague que participó en la autopsia, a DR (Danmarks Radio), la corporación de radiodifusión pública del país: «Es triste que haya agonizado durante tanto tiempo».

El caso «pone de manifiesto la amenaza que representan las aproximadamente 50.000 redes fantasma —como se conoce a todas aquellas que acaban abandonadas o perdidas— en aguas danesas», expuso en marzo el eurodiputado del grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea, Rasmus Nordqvist, en una interpelación escrita a la Comisión Europea. A sus ojos, «este incidente demuestra que las medidas de control actuales no están logrando impedir que los residuos plásticos letales lleguen al mar», de ahí que pusiera el foco en reforzar la regulación a escala comunitaria y supervisar su correcta aplicación por parte de los Estados miembros.

Se refiere a la Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados productos plásticos en el medio ambiente. Esta incluye los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) para los aparejos de pesca de plástico, obligatorios desde el 1 de enero de 2025, y estos básicamente responden al principio de «quien contamina paga». Es decir, se obliga a los fabricantes e importadores a hacerse cargo financiera y operativamente de la gestión de los desechos de sus productos una vez se agota su vida útil.

Limpieza con fondos europeos

En el caso de España, y más concretamente de las redes, la Ley 7/2022 contempla un régimen específico para los productores de artes de pesca, que deben sufragar la recogida separada de los residuos entregados en los puertos u otras instalaciones receptoras equivalentes, así como su transporte, tratamiento y medidas de sensibilización. Una de las principales críticas que hace Nordqvist en su escrito a Bruselas es que la normativa europea y las normas nacionales que la transponen no establecen exigencias para los legacy gear: los equipos abandonados o perdidos antes de la entrada en vigor de las nuevas obligaciones de responsabilidad ampliada del productor. Ante esta situación, el eurodiputado preguntó a la Comisión Europea si planea imponer «contribuciones financieras obligatorias» para la retirada de redes fantasma, así como si introduciría normas para el marcado digital de los aparejos o su rastreo por GPS, dos ideas que ha descartado en su respuesta la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

«Las obligaciones de los buques —incluidos los requisitos específicos de notificar y, si es posible, recuperar los artes de pesca perdidos, y la obligación de llevar equipos de recuperación— garantizan el control y la trazabilidad», apunta Roswall, que al mismo tiempo recuerda que la Unión Europea «aborda la basura marina procedente del sector pesquero mediante acciones específicas financiadas por el FEMP y el Fempa». Bruselas cierra así la puerta, al menos por ahora, a pasar una factura a los productores de redes para impulsar la limpieza de los océanos, algo que indirectamente podría acabar repercutiendo en la flota pesquera si esa subida de costes se trasladase a sus cuentas. De cara a futuras medidas, la CE esperará a la evaluación de su directiva, prevista para julio de 2027.

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