La Xunta calcula que harán falta «de dos a cuatro años» para la recuperación del marisqueo gallego

La Xunta de Galicia dio luz verde a finales de 2023 al Plan general de explotación marisquera para el trienio 2024-2026, la hoja de ruta del sector para garantizar su sostenibilidad desde el punto de vista ecológico, pero teniendo en cuenta también la generación de riqueza y empleo en los bancos. Con su aprobación se dio el visto bueno a más de 90 planes de gestión vigentes hasta este año, la mayoría de la provincia de Pontevedra. A la vista de su previsible caducidad y ante el severo impacto que ha tenido el tren de borrascas de enero y febrero en las producciones de bivalvos, la Consellería do Mar ha decidido que los prorrogará, calculando que harán falta entre dos y cuatro años para la recuperación de la actividad.

Ese es por ahora el «marco temporal» sobre el que trabaja el Gobierno gallego, según se desprende de la consulta pública que lanzó este miércoles y en la que informa de su intención de modificar la normativa actual para reconfigurar la estrategia del marisqueo tras las catastróficas consecuencias de los temporales. «Se detectaron hasta seis períodos concatenados de bajada de salinidad que tuvieron una duración e intensidad compatibles con mortalidades severas de moluscos», apunta el departamento que dirige Marta Villaverde. Según constata, esta situación no permite a las entidades titulares de los bancos «diseñar de una manera realista las propuestas de los planes de gestión».

Mar reconoce además que la Consellería tampoco dispondría de «la información necesaria» para poder evaluar su inclusión en un futuro Plan general de explotación marisquera «ya que la situación ambiental, social y económica de un número importante de planes de gestión se ha visto comprometida». Precisamente por eso, la Xunta acordó movilizar 22,7 millones de euros para la recuperación de las áreas más afectadas, retribuyendo con 700 euros al mes (por 48 horas de trabajo) a las mariscadoras que participen en las labores de regeneración.

Las cofradías de pescadores pueden acceder a estos apoyos siempre y cuando firmen un convenio de colaboración con el Ejecutivo autonómico por el que se comprometen a adaptar sus planes de gestión, estableciendo «medidas técnicas de conservación extraordinarias» consistentes en la prohibición de la actividad marisquera para proteger a las poblaciones de moluscos. Hasta el momento, según los datos provisionales a los que ha tenido acceso FARO, son 17 pósitos con 27 planes de gestión los que se han acogido al nuevo régimen de ayudas, aunque «la previsión es que se incrementen estas cifras».

«Estabilidad jurídica y administrativa»

En paralelo a ello, la Xunta propone ahora prorrogar el conjunto de los planes de gestión «para que se proporcione estabilidad jurídica y administrativa al sector durante el período de recuperación de las poblaciones». Se tendrá que determinar cuánto tiempo hará falta (de ahí la consulta pública), si bien Mar avanza que en general sería necesario «un marco temporal de dos a cuatro años».

«La prórroga de los planes con vigencia 2024-2026 permitiría realizar trabajos de recuperación de los bancos mediante tareas que realizarán las personas mariscadoras y de su organización referentes a la conservación, mantenimiento, recuperación o avance de los hábitats y zonas de producción, así como de cuidado, control, seguimiento, protección y vigilancia de los bancos marisqueros», expone la Consellería.

En el arranque de 2026 se contabilizaron 448 trabajadoras del mar cobrando ya su particular «paro», la prestación por cese de actividad gestionada por el Instituto Social de la Marina (ISM), como consecuencia de la crisis del sector. Fueron cuatro veces más que las 111 de enero de 2025 y el mayor nivel en los últimos 15 meses.

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