Un informe europeo concluye que la nueva propuesta de Bruselas para apoyar a la pesca «no garantiza la financiación de las obligaciones legales»

La Comisión Europea aprueba cada siete años sus presupuestos: el llamado marco financiero plurianual. En el actual, de 2021 a 2027, el Gobierno de Ursula von der Leyen apoquinó 6.108 millones de euros de su bolsillo para alcanzar los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC), un dinero vinculado a una partida específica —el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa)— de la cual España es el principal Estado miembro beneficiado (con 1.120 millones) y Galicia es la comunidad del país que mayor inyección económica recibe (366 millones). La sorpresa fue mayúscula el año pasado cuando Bruselas anunció su nueva propuesta para el periodo 2028-2034, reduciendo hasta los 2.000 millones de euros, un 67%, la asignación reservada para el sector. Un estudio encargado por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PECH, por sus siglas en inglés) concluye ahora que esa cantidad «no garantiza la financiación de las obligaciones legales» de la pesca, entre ellas tareas básicas como el control pesquero y la recopilación de la información científica necesaria para gestionar de forma sostenible las poblaciones.

«Existe una brecha creciente entre la ambición regulatoria y la realidad operativa», reprocha el informe al Ejecutivo comunitario. «La reducción de recursos tendrá efectos perjudiciales tanto en la cantidad como en la calidad de los datos disponibles y, por tanto, en las decisiones de gestión», asegura.

Además de recortar de 6.108 a 2.000 millones la asignación reservada para el sector, la propuesta de Bruselas pasa por sustituir el Fempa por una estructura financiera mixta y compartida con otros sectores basada en el Fondo de Asociación Nacional y Regional (NRP) y el Fondo Europeo de Competitividad (ECF), así como en el Pacto Europeo por el Océano. Según el estudio, esta fórmula otorga a priori más flexibilidad a cada país para decidir qué actividades tractoras impulsar y con qué fuerza, pero también puede diluir la prioridad estratégica y presupuestaria de la pesca.

«Dejar la implementación de la Política Pesquera Común a discreción de los Estados miembros puede comprometer su eficacia», expone el análisis, algo a tener muy en cuenta tras la evaluación que acaba de publicar Bruselas sobre el desempeño de esta regulación, que ratificó el fracaso que venían constatando los armadores. La Comisión Europea admitió el pasado jueves «avances lentos en la sostenibilidad» de los caladeros europeos desde la última reforma de la regulación, que no evitó el deterioro socioeconómico del sector. La rentabilidad de la flota se hundió del 8% al 1% en una década, se perdieron más de 21.500 profesionales del mar, la edad media de la flota se elevó de 26 a 35 años y uno de cada cinco barcos de gran escala se dio de baja.

«Un amplio abanico de prioridades»

El informe señala que la propuesta de la Comisión Europea desplaza la modernización y la descarbonización de la flota hacia el Fondo Europeo de Competitividad, pensado para sectores estratégicos y tecnologías críticas, y que «la posibilidad de proporcionar apoyo a la pesca y a la acuicultura desde presupuestos no reservados es pequeña debido al amplio abanico de prioridades competidoras». A modo de síntesis, los autores del estudio evidencian que la supresión del Fempa y la integración de fondos solo funcionará para el sector pesquero si va acompañada de financiación específica suficiente y salvaguardas para evitar la pérdida de peso de la pesca.

Como avanzó FARO, los eurodiputados del PECH rechazaron el hachazo planteado a los fondos pesqueros y trabajaron en un proyecto de opinión que exigía, como mínimo, una partida de 7.000 millones de euros para el próximo marco financiero plurianual, presupuesto que finalmente acordaron elevar hasta los 7.300 millones. Esta petición fue elevada a finales de abril al Parlamento Europeo, que aprobó por 370 votos a favor, 201 en contra y 84 abstenciones el informe con el que la pesca trata de blindar su futuro.

El nuevo estudio (Navegando el nuevo enfoque del MFP para 2028-2034) está liderado por el investigador Pavel Salz, expresidente de la Asociación Europea de Economistas Pesqueros y que hace unos meses publicó la investigación Situación económica y perspectivas de las flotas pesqueras de la UE, en la que alerta de que el 75% de la flota pesquera europea se asoma a la insostenibilidad económica en un horizonte de 20 a 30 años.

Como divulgó este periódico, la pesca comunitaria perdió un 25% de su capacidad desde la última reforma de la Política Pesquera Común, materializada en 2013 y que entró en vigor al año siguiente. Los Veintisiete sacrificaron más de 410.000 GT (acrónimo de Gross Tonnage, la unidad que mide el volumen total del espacio de un buque), equivalentes a unos 17.000 barcos, y el mayor desplome por países lo sufrió España (que perdió 50.000 toneladas de arqueo bruto ligadas a 1.200 barcos de pabellón nacional).

Suscríbete para seguir leyendo