Bruselas constata que no ha recibido propuestas de España «para evitar accidentes como el del Villa de Pitanxo»

Además de apuntar a una mala maniobra del patrón y a comportamientos negligentes de la armadora, el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) sobre el naufragio del Villa de Pitanxo incluye múltiples recomendaciones, dirigidas tanto al sector privado como a la Administración, para evitar siniestros similares. Por ejemplo, insta a Marina Mercante a que las capitanías marítimas realicen una revisión «intermedia y anual» a los buques arrastreros congeladores, «incluyendo la toma de fotografías», para detectar posibles reformas no autorizadas. Reclama también que se dé un recado a los astilleros: las obras de reforma sin el permiso preceptivo de la autoridad marítima no solo constituyen una infracción, sino que «ponen en riesgo» al barco y a sus tripulantes.

Frente a este abanico de sugerencias —la mayoría de las que formula la Ciaim no se cumplen o ni se responden, independientemente de la gravedad de los accidentes analizados—, y a las enormes dimensiones de la tragedia del Pitanxo —fallecieron 21 de los 24 tripulantes—, el Gobierno español no ha trasladado a Bruselas ninguna propuesta para la mejora de la seguridad a bordo, como ha constatado por escrito el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas.

Lo ha hecho a una iniciativa formulada por la eurodiputada nacionalista Ana Miranda, quien cuestionó a la Comisión lo siguiente: «¿Qué propuestas le ha trasladado el Estado español para la adopción de nuevas medidas de seguridad que puedan evitar que accidentes como el del Villa de Pitanxo vuelvan a ocurrir?». En una comunicación formulada este mismo martes, Tzitzikostas ha expuesto que, «aparte de las recomendaciones sobre seguridad formuladas por la Ciaim [...] la Comisión no tiene conocimiento de ninguna de estas propuestas».

El comisario también se ha pronunciado respecto al hecho de que no se hubiesen recuperado los cadáveres de 12 de los tripulantes. «La Comisión comprende la angustia de sus familias», dice, en primer lugar. Y, además de recordar que «las operaciones de búsqueda e inspección submarinas tuvieron lugar 15 meses después del hundimiento», fueron concebidas para «obtener información relevante acerca del buque, sus equipos, el arte de pesca y el fondo marino, y no para recuperar restos mortales».

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Los hechos

El Villa de Pitanxo no podía faenar en zonas de formación de hielos —como desveló FARO— pero lo hizo en 19 ocasiones después de habérsele prohibido, entre marzo de 2018 y febrero de 2022. El pesquero solo tenía capacidad para 22 personas a bordo, pero se le firmaban los despachos igualmente pese a declarar más tripulantes, como sucedió en marzo de 2021. Estaba obligado a llevar un observador a bordo —es una norma del caladero de NAFO— y a incluirlo en la documentación oficial como «personal ajeno a tripulación», pero nunca los hacía constar.

Debía mandar a revisión periódica los trajes térmicos o de supervivencia, para asegurar su efectividad y que no tuvieran roturas o daños, pero a bordo iban equipamientos que no había sido analizados por ningún servicio técnico oficial en 20 años. El plan de salvamento del buque contemplaba la existencia de una escalera en estribor, en la cubierta, que facilitaría la evacuación en caso de accidente; finalmente no se instaló.

«Numerosos ejemplos —resume el informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim)— ponen de manifiesto que el capitán y la compañía armadora explotaban este barco bordeando los límites reglamentarios [...] Esta forma de proceder obedece tanto a la voluntad del armador y del capitán como a la debilidad de los mecanismos internos y externos que ayuden a que el buque se opera conforme a prácticas seguras, o la inexistencia de tales mecanismos». Esto es, en la tragedia del Villa de Pitanxo confluyeron prácticas negligentes e irregulares acometidas por el capitán, Juan Padín, y por la empresa Pesquerías Nores, en paralelo a una evidente laxitud en la supervisión de los mecanismos de control y seguridad por parte de las administraciones.

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