Así «evolucionarán» las apps de control de la pesca recreativa y profesional: el Gobierno lanza un contrato de dos millones para incluir «nuevas funcionalidades»

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sacado a licitación el servicio de mantenimiento preventivo, evolutivo y correctivo de las cuatro apps de la Secretaría General de Pesca: iPesca, PescaREC, InspecREC e iPesca Inspección, todas ellas desarrolladas para iOS y Android y vinculadas al control de la actividad pesquera, tanto para la pesca profesional como para la recreativa. El contrato está valorado en 1,8 millones de euros y se ejecutará a lo largo de 24 meses, tiempo durante el cual el adjudicatario deberá encargarse de solucionar cualquier contratiempo que surja, adaptar las aplicaciones a nuevas versiones de sistemas operativos y dispositivos o ajustar su diseño y usabilidad a nuevos formatos de pantalla, así como incorporar «nuevas funcionalidades» y aplicar los cambios que exija la normativa pesquera.

La licitación contempla, en total, 2.320 horas de «mantenimiento evolutivo» durante los dos años de ejecución, en los que se exigirán tiempos de respuesta cortos para resolver cualquier problema. La empresa que gane el concurso tendrá que subsanar en un máximo de cuatro horas las incidencias urgentes «que puedan paralizar el uso normal de la plataforma». Para los avisos no urgentes, el plazo máximo de resolución será de ocho horas.

La rapidez en la corrección de errores cobra especial relevancia en un contexto en el que los pescadores han venido denunciando fallos masivos en algunas de las aplicaciones, como es el caso de PescaREC, para el control de la pesca de recreo, teniendo en cuenta que la aplicación no se podía descargar en los dispositivos de Apple, con sistema operativo iOS.

Protección del código fuente

A nivel de software y de seguridad, el contrato explicita que el código fuente deberá residir en los repositorios de la Secretaría General de Pesca, sin posibilidad de realizar copias en equipos locales, y todos los trabajos resultantes pasarán a ser propiedad exclusiva de la Administración, incluidos los derechos de propiedad intelectual. A ello se suma la obligación de entregar información técnica continua y un informe trimestral detallado sobre las actuaciones realizadas, requisito del que dependerá el pago de las facturas.

Asimismo, el pliego exige que las aplicaciones estén libres de vulnerabilidades y que, cuando los cambios afecten a la seguridad de los sistemas, el adjudicatario disponga de un servicio capaz de asesorar y garantizar la protección técnica de esos desarrollos.

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