No hubo responsabilidad de la Administración en el naufragio del «Baffin Bay»: rechazada una indemnización de 25,6 millones

El arrastrero congelador Baffin Bay fue construido en las instalaciones de la desaparecida Factorías Vulcano. Con algo más de 68 metros de eslora y 1.871 GT (gross tonnage o arqueo bruto), durante casi tres décadas fue uno de los visitantes recurrentes a los muelles del puerto de Vigo, entre campaña y campaña de calamar loligo en las Malvinas, hasta que un incendio a bordo lo destrozó en diciembre de 2020. Era propiedad de la sociedad malvina South Atlantic Squid Limited, operado por la armadora Copemar. El fuego se originó en el interior, durante trabajos de reparación, y el pesquero acabó hundido casi en su totalidad por la masiva entrada de agua del operativo de extinción.

El casco y el motor principal estaban asegurados por Mapfre, que indemnizó a las empresas con 10 millones de euros y abonó cerca de 50.000 en concepto de gastos de salvamento. Pero las tres entidades —aseguradora y pesqueras— formularon una reclamación por importe de 25,653 millones de euros a la Administración —por la propia indemnización, lucro cesante y daño emergente— al entender que se produjo un «funcionamiento anormal de Salvamento Marítimo (Sasemar) y la Capitanía Marítima de Vigo en el ejercicio de sus competencias relacionadas con las labores de extinción del incendio».

Incendio del pesquero Baffin Bay en el puerto de Vigo

Ver galería

El Ministerio de Transportes elevó el expediente de responsabilidad patrimonial al Consejo de Estado, que en un dictamen aprobado por su Comisión Permanente ha desestimado las reclamaciones al no apreciar «un nexo de causalidad entre la actuación de Sasemar y la Capitanía Marítima de Vigo y los daños ocasionados a las reclamantes». «La actuación de Sasemar y de la Capitanía Marítima de Vigo fue ajustada a derecho y correcta a la vista de las circunstancias existentes al tiempo de llevar a cabo las actuaciones de extinción del incendio», abunda la resolución.

La reclamación

«En el expediente tramitado ha quedado probado que el incendio del buque Baffin Bay se produjo como consecuencia de algunos de los trabajos de reparación que se estaban realizando a bordo del mismo», en la bodega número 2, «para cuya realización —prosigue el escrito— no se adoptaron las medidas de seguridad que resultaban necesarias». No obstante, las entidades reclamantes replicaron que los daños sufridos en el pesquero resultaron catastróficos por culpa de la mala coordinación de los servicios de emergencia.

En particular, les imputaron la «falta de utilización de espumógeno en lugar de agua como agente extintor [...] una falta de cierre de la escotilla de la bodega por parte de los bomberos» o el hecho de que el buque de Salvamento Don Inda no participase en los trabajos de asistencia. Pero el Consejo de Estado da por buenas las explicaciones de la Administración e indica que «la forma de desarrollarse tales labores [de extinción] quedó amparada bajo la pericia técnica y la experiencia de los bomberos», que sí usaron espumógeno, o que el Don Inda no se sumó a la emergencia por «diferencia de calado». «Es cierto que los mecanismos para el achique de agua no fueron colocados adecuadamente en un primer momento, pero debe enjuiciarse este hecho a la vista de las circunstancias concurrentes en aquel momento y la dificultad que existía para acceder al buque».

Otro proyecto

Las pesqueras reemplazaron el Baffin Bay con el Hadassa Bay, de nueva construcción y contratado en Armón Vigo. Esta alianza empresarial sopesó la posibilidad de alargar un pesquero a estrenar aunque diseñado para el caladero namibio, el Olupale, aunque esta opción quedaría descartada; este último arrastrero —presenta 60 metros de eslora por 13 de manga— pertenece ahora a la sociedad Venatici Europe, como desgranó este periódico en base a una sentencia del Tribunal Superior del país africano. El Hadassa Bay, con capacidad para unos 70 tripulantes, supuso una inversión para las armadoras superior a los 30 millones de euros. En tanto no se produjo la entrega tuvo que utilizar, en régimen de charteo, el Castelo.

El casco del desgraciado Baffin Bay, reflotado en el mismo muelle de reparaciones de Bouzas, viajó hasta Marruecos. Eso sí, el IMO —es un identificador único para los barcos, e intransferible, algo así como su propio DNI— fue activado de nuevo meses después del siniestro en favor de un barco de nombre Bay, con pabellón de Palau y propiedad de la mercantil Deji Shipping, registrada en Islas Marshall, como ha comprobado FARO en los registros oficiales de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Suscríbete para seguir leyendo