El Gobierno relanza por 5,6 millones el contrato para vigilar con drones los barcos de pesca españoles

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha vuelto a sacar a licitación el contrato con el que busca desplegar una red de drones en el mar para intensificar la vigilancia de los pesqueros españoles, después de que el proceso iniciado el pasado verano quedase desierto. La nueva convocatoria fija un presupuesto de 5,55 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses durante los cuales permanecerá activo el servicio, dirigido a reforzar la lucha contra la pesca ilegal.

La empresa que resulte adjudicataria se encargará de proveer un sistema de aeronaves no tripuladas de corto y medio alcance capaz de operar desde la costa y desde los patrulleros Arnomendi, Tarifa y Alborán, gestionados por la Secretaría General de Pesca. Más allá del vuelo, la operativa también incluye la retransmisión de imágenes en tiempo real al centro de control de Madrid y la elaboración de informes detallados tras cada misión. El ámbito de actuación abarca todo el litoral español, aguas jurisdiccionales y la Zona Económica Exclusiva (ZEE), con rango de acción específico en las Islas Canarias.

La estructura del servicio se ha diseñado para adaptarse a distintos escenarios, contemplando despliegues ordinarios de lunes a viernes y en fines de semana y festivos, así como jornadas embarcadas. Los drones deberán ofrecer una autonomía mínima de ocho horas, operar más allá de la línea de visión del piloto (BVLOS) y mantener la comunicación a una distancia de al menos 24 millas náuticas. A fin de garantizarla, contarán con cámaras de alta resolución, equipos de geolocalización precisa y un programa de seguimiento de objetivos.

Más alcance en el sur

Uno de los avances más disruptivos que recoge el nuevo contrato es la integración de inteligencia artificial en el sistema de vigilancia que se implementará, con el objetivo de impulsar la detección automática de barcos y otros blancos de interés. Esta capacidad permitirá agilizar la identificación de posibles infracciones, además de mejorar la eficiencia del control.

La empresa adjudicataria deberá aportar todo el equipo humano que manejará los drones (coordinador de misión, piloto, técnico…), los medios materiales necesarios y todos los repuestos precisos para garantizar la continuidad del servicio. Además, asumirá el mantenimiento, los permisos de vuelo y las certificaciones pertinentes, incluida la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para operar en condiciones BVLOS.

Entre las novedades introducidas destaca la ampliación del alcance de las aeronaves no tripuladas para cubrir el área del Golfo de Cádiz, donde la flota faena a mayores distancias de la costa. En paralelo, se refuerza el requisito de contar con drones de menos de cinco kilos, facilitando su transporte, reduciendo los riesgos en caso de accidente por colisión y permitiendo operar en modo «incógnito», actuando con mayor discreción en las tareas de inspección.

La reactivación del expediente llega tras una primera licitación fallida (quedó desierta) en la que participaron la gallega Marine Instruments y una unión temporal de empresas formada por Precisión Aérea Innovación y Nuevas Tecnologías (Paintec) y Ela Aviación. La compañía con sede en Nigrán ya había sido adjudicataria en 2021 de un contrato similar por valor de 1,2 millones de euros, centrado en el despliegue de su dron M5D-Airfox, lo que la sitúa como una de las firmas con más experiencia en este tipo de servicios.

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