Kadis asegura que el nuevo sistema de control pesquero no ha producido «ninguna perturbación» en el comercio y descarta aplazar su aplicación

Una plataforma con «graves deficiencias estructurales» que está produciendo «retrasos masivos» en la operativa de la pesca española. Así definieron el nuevo sistema Catch desde la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI) hace dos meses, con profunda preocupación por el «desaguisado administrativo» de la herramienta implantada por la Comisión Europea. Los pescadores olívicos aseguraron que arrastraban una demora de hasta 10 días en la tramitación de las exportaciones e importaciones de numerosos productos pesqueros, pero no fueron los únicos en poner el grito en el cielo: todo el sector (también la industria transformadora) cargó en tromba contra el plus regulatorio sobre los certificados de captura, impulsado según el Gobierno de Ursula von der Leyen para combatir la pesca ilegal, mejorar la trazabilidad y armonizar los controles en el seno de los Veintisiete.

A fin de atajar el problema, se reclamó la «activación inmediata» de un protocolo de contingencia y la «simplificación real» de los procesos. Todo ello advirtiendo de que la situación había empujado a los operadores logísticos a anunciar un aumento generalizado de las tarifas por el sobreesfuerzo administrativo requerido.

Esa solicitud se hizo el pasado 6 de febrero, apenas unas semanas después de la entrada en vigor del sistema, el 10 de enero, y solo unos días antes de que la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, trasladase por escrito al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, las «graves dificultades operativas» y la «carga administrativa desproporcionada» que estaba generando Catch. La eurodiputada española, del Partido Popular, le preguntó al chipriota si Bruselas tenía previsto establecer «una prórroga o un periodo transitorio adicional» mientras se corregían los fallos y qué «medidas concretas» adoptaría para facilitar las cosas a los pescadores.

«Ninguna perturbación»

Kadis contestó a finales de marzo a Crespo y presumió en su respuesta de la nueva herramienta, a sus ojos «un punto de inflexión» para el sector porque establece «unas condiciones de igualdad entre los pescadores de la Unión Europea y de terceros países en cuanto a la legalidad de los productos comercializados en nuestro mercado». En los primeros 45 días de su entrada en vigor se validaron más de 12.500 declaraciones de importaciones pesqueras y no se produjo «ninguna perturbación importante en el comercio», destacó el máximo responsable pesquero del continente, que aseguró también que el Ejecutivo comunitario «no tiene previsto aplazar su aplicación».

Todo ello pese a que el Consejo General de Agentes de Aduanas de España sí ha reconocido «deficiencias relevantes del sistema», como la inviabilidad práctica para certificar capturas de numerosos buques, especialmente de la flota artesanal, y duplicidades en los registros, carencias en las bases de datos y problemas de interoperabilidad, lo que obliga a una introducción manual compleja de la información. Frente a ello, el comisario asegura que Catch «se ha desarrollado en cooperación con los Estados miembros y se adapta y actualiza continuamente».

Mientras el sector sigue denunciando estas trabas (la última voz de alarma la dio este jueves Anfaco-Cytma, advirtiendo que los depósitos aduaneros «están llenos» de mercancía por las «semanas de retrasos» que está provocando Catch, cuyo impacto amenaza con agravarse en mayo y junio), Bruselas rechaza dar marcha atrás y la flota china que promueve la pesca ilegal continúa exprimiendo el modus operandi que tan bien le funciona: cambiar el nombre de sus barcos para retener sus permisos y poder seguir vendiendo en los supermercados de Europa. Así lo constata la investigación publicada a lo largo de los últimos meses en FARO, que destapó que hay arrastreros con licencia para comercializar en la Unión Europea pese a estar en listas negras oficiales, algo de lo que la Comisión Europea «era consciente».

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