El Organismo Internacional de Energía Atómica usará «tecnología nuclear» para prevenir el fraude en la venta de pescado y marisco

Las gambas y los langostinos son dos crustáceos de la superfamilia Penaeoidea y se encuentran entre las especies marinas más comercializadas a nivel mundial. Sobre ellos puso el foco una investigación publicada en 2024 por la Universidad Complutense de Madrid, que tomó 94 muestras de 55 referencias diferentes a nivel nacional, tanto de grandes superficies como de pequeños negocios tradicionales, y también de todo tipo de formatos: en fresco, congelado y cocido. Los autores del estudio revelaron un etiquetado erróneo en casi el 30% de los productos extraídos de los supermercados, y emitieron una serie de recomendaciones a tener en cuenta entre los consumidores para no caer en el engaño que promueve el mislabeling (la práctica de colocar información falsa o errónea en el empaque de un alimento, ya sea de forma accidental o intencionada). Aconsejaban, entre ellas, «comprar más en las pescaderías», puesto que no se había detectado ningún caso en estos establecimientos.

El fraude en la venta de pescado y marisco puede darse de múltiples formas: haciendo pasar un producto por otro, por ejemplo (como el caso de la zamburiña gallega, muchas veces anunciada así en las cartas de los restaurantes cuando en verdad es volandeira o vieira del Pacífico), o mintiendo acerca de su origen, método de producción o estado.

A fin de atajar esta problemática, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) lanzó a finales del año pasado una iniciativa que pretende ayudar a sus Estados miembros, más de 180 países, a «reforzar los sistemas de control alimentario con el fin de detectar y prevenir el fraude con los alimentos de origen marino». Se trata de un proyecto coordinado de investigación (PCI) que durará cinco años y ahora mismo está evaluando las propuestas realizadas por las instituciones científicas interesadas en participar. A las puertas de arrancar.

La entidad llevará a cabo una investigación para aplicar «técnicas nucleares y complementarias» que han demostrado ser idóneas a la hora de confirmar la información que consta en el etiquetado de los productos pesqueros. Entre ellas, el análisis de la relación isotópica estable de los elementos ligeros (carbono, nitrógeno, azufre, oxígeno e hidrógeno) que reflejan las condiciones ambientales y ecológicas de cada especie, lo que permite determinar su origen y verificar si ha sido capturada en el medio natural.

A esta prueba se suman la espectroscopia por resonancia magnética nuclear (que sirve para diferenciar especies, detectar aditivos y descubrir prácticas fraudulentas de envasado, como la venta de pescado descongelado con una etiqueta de fresco) y la espectrometría de masas de alta resolución, que ayudará a los científicos a estudiar las proteínas (proteómica), las moléculas pequeñas (metabolómica) y las grasas (lipidómica), con el propósito de generar marcas moleculares para detectar peligros para la inocuidad de los alimentos.

El 4% de las alertas de la UE

Según el último informe anual de la Red de Alerta y Cooperación (ACN), una de las herramientas clave para garantizar la seguridad alimentaria en la Unión Europea, en 2024 se contabilizaron 388 advertencias vinculadas a la venta de pescado y marisco, un 4% del total de las comunicaciones del sistema de ese año. Los problemas más frecuentes hacían referencia a la presencia de microorganismos patógenos, metales y también, en tercer lugar, al etiquetado incorrecto, que representó el 13% de las incidencias registradas.

El proyecto del OIEA contribuirá a apoyar a los laboratorios de seguridad y calidad alimentaria de los Estados miembros para que mejoren sus sistemas de control de alimentos y detecten y prevengan con mayor eficacia el fraude en la pesca y la acuicultura, «protegiendo y promoviendo así los intereses de productores y consumidores y facilitando el comercio en los sectores de los productos del mar y la acuicultura». «El fraude en estos sectores representa un importante desafío global que repercute negativamente en la seguridad alimentaria, la economía, las cadenas de valor, el medio ambiente, la sociedad y el logro de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)», remarca el organismo.

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