El TSXG concede la exención fiscal del IRPF a un militar que trabajó en el caladero NAFO a bordo de una patrullera española

Son cientos los marineros gallegos que están pendientes a día de hoy de si podrán quedar o no exentos de tributar los primeros 60.100 euros de sus ingresos por trabajo. Es una posibilidad recogida en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en su artículo 7.P, aunque la literalidad de la norma limita su aplicación, a priori, a aquellos que están empleados por empresas extranjeras, siempre y cuando no estén radicadas en paraísos fiscales. El año pasado el Tribunal Supremo alimentó sus esperanzas de forma mayúscula cuando dictaminó que una tripulante de la Armada, aún trabajando también en un buque de bandera española, tenía derecho a esta exención fiscal por llevar a cabo misiones para la OTAN.

Desde entonces, como ha divulgado FARO, se han emitido fallos también favorables a marineros, de barcos atuneros o de Gran Sol, aunque con pabellón también foráneo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no obstante, ha vuelto a atender la reclamación de un tripulante de un buque español, en una sentencia que tiene fecha del pasado mes de febrero. En este caso corresponde al cabo primero del patrullero Arnomendi, de la Armada Española, participante de una misión de vigilancia en 2022 en aguas del caladero de NAFO y por encomienda de la Agencia Europea de Control de Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés), con base en Vigo.

Durante el juicio, el abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, defendió que a este militar no se le podía aplicar la exención fiscal precisamente porque la EFCA está radicada en la ciudad olívica, además del hecho de que el patrullero no solo navegó por aguas internacionales y tiene bandera de España. Pero el alto tribunal gallego, en una sentencia en la que la magistrada María del Carmen Núñez Fiaño ha ejercido de ponente, tumbó estas argumentaciones. Y, para ello, recurrió a la sentencia del Supremo del año 2025. «El incentivo fiscal pretende la internacionalización del capital humano con residencia en España [...] No está pensado en beneficio de las empresas sino de los trabajadores», cita la sentencia.

«Aunque es innegable el beneficio del Estado español de los servicios de inspección e investigación pesquera realizados por la tripulación del buque español en cumplimiento del programa a que alude la certificación del Ministerio de Defensa, también lo es el de la UE e, incluso, el que reporta dichos servicios para los restantes miembros de la NAFO», prosigue. Y no importa que la EFCA, como tutora de la misión, tenga base en Vigo. «No se opone el hecho de que la EFCA [...] tenga su sede en Vigo, pues el organismo internacional beneficiario de los servicios prestados no es dicha agencia sino la UE», por lo que «no obsta el derecho a la exención que España sea sea miembro de ese organismo internacional».

Con 66,5 metros de eslora, la patrullera Arnomendi fue un encargo del Ministerio de Agricultura y Pesca a Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) en el año 2000, y era el tercer buque de la clase Chilreu. El buque ha efectuado un gran número de campañas en los caladeros nacionales de Canarias y Cádiz, ha apoyado a la flota bonitera del norte en el mar Cantábrico y a la flota del atún rojo en el mar Mediterráneo, y ha participado en campañas internacionales en aguas de NAFO en Terranova, así como en NEAFC (North-East Atlantic Fisheries Comisión) en Islandia.

Reclamaciones

El fallo del Supremo, de abril de 2025, animó a cientos de marineros a unirse a un grupo de mensajería instantánea para compartir estrategia y, en muchos casos, contratar abogados y formalizar reclamaciones por vía administrativa. Hacienda ha respondido ya decenas de escritos: «Nos está diciendo a todos que no», expone uno de los tripulantes afectados.

«Aquí está habiendo casos de personas que, trabajando en el mismo barco y mismo caladero, están recibiendo las desestimaciones por motivos distintos», apunta otro oficial consultado. «Hay expedientes que resuelve la oficina de Pontevedra que no tienen nada que ver con los que resuelve la de Vigo, siendo circunstancias idénticas». Este enorme grupo de trabajadores de la mar no se ha visto sorprendido por estas respuestas de Hacienda, «ya dábamos por hecho que dirían que no». Por eso, abundan, tienen «asumido que iremos a los tribunales».

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