Las cofradías exigen al ISM eximir del pago de la cuota de la Seguridad Social a las «miles de mariscadoras» afectadas por los cierres

El marisqueo gallego afronta en buena parte de los pósitos la suspensión temporal de sus planes de gestión para tratar de revertir la crisis de mortandad que azota a los bancos. «La realidad es que estamos muy tocados», denuncia José Manuel Rosas, presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra. «Esto se debería haber declarado zona catastrófica, porque ha sido una catástrofe —asegura—. No hay más que verlo».

La entidad reclamó este lunes al Instituto Social de la Marina (ISM) que exima temporalmente del pago de la cuota de la Seguridad Social a las profesionales que han dejado de trabajar y no pueden acceder a la prestación por cese de actividad. Son «miles», según Rosas, más de la mitad de las trabajadoras afectadas por la «inactividad forzada» en plena crisis del sector, «causada por la tremenda bajada de salinidad en el agua y a su vez originada por los continuos e intensos temporales de los meses de invierno».

La prestación por cese de actividad viene a ser, para las mariscadoras, lo que para un trabajador de a pie sería el paro. Un salvavidas del que poder tirar cuando las cosas se complican, como ha ocurrido estos últimos años, pero del que carecen cada vez más profesionales porque no han podido cotizar lo suficiente para generarlo o ya lo han agotado, ante la prolongación de la falta de recurso.

Situación de «subsistencia crítica»

Desde la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra han solicitado que también se exima de las cuotas de la Seguridad Social a todas las profesionales cuyos planes de gestión se vean paralizados o adaptados por resolución de la Consellería do Mar, que movilizará 22,7 millones de euros para la recuperación de los bancos más afectados. Casi el 85% del presupuesto se destinará a firmar convenios de colaboración con las entidades gestoras de los planes y los pósitos, con la previsión de beneficiar a 25 de ellos. Y se retribuirá con 700 euros al mes (por 48 horas de trabajo) a las trabajadoras que ayuden a regenerar las zonas damnificadas.

«La gente está valorando cuál es la mejor opción: si iniciar el cese de actividad o acogerse a las ayudas de la Xunta. Pero en cualquier caso no puede ser que alguien pague cotizaciones si no puede trabajar», asegura Rosas.

El importe de la prestación por cese de actividad asciende al 70% de la base reguladora y su cobertura exime al perceptor de pagar la cuota de la Seguridad Social que le corresponda durante el periodo en el que la reciba, que puede ir de cuatro a 24 meses (según el tiempo cotizado, con un mínimo de 12 meses y un máximo de 48). La regulación blinda al colectivo ante episodios de pérdidas que hagan inviable el trabajo o causas de fuerza mayor, entre las que se incluyen «la interrupción de la actividad» o la «declaración de emergencia».

Conforme indica la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra, muchas trabajadoras del mar se encuentran en estos momentos «sin ingresos económicos y en una situación de subsistencia crítica». «Un hecho que se podría tipificar de auténtica catástrofe económica para las profesionales del subsector del marisqueo», remarca la entidad.

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