El Gobierno descarta reformar el segundo registro de flota para incentivar el pabellón español y frenar el éxodo de buques

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó, en junio de 2015, la orden que armó la creación del Registro Especial de Empresas de Buques de Pesca Españoles (Resae), anunciado un par de años antes. El objetivo, indicaba el propio Gobierno —entonces la ministra era la popular Isabel García Tejerina—, era «fomentar la competitividad frente a otras flotas de países terceros» con la aplicación de «una serie de desgravaciones fiscales y de las cuotas a la Seguridad Social» para, en última instancia, evitar la «deslocalización» de barcos. Aquella orden (AAA/1179/2015), en su artículo 3, exponía que «el régimen de otorgamiento de estos incentivos se desarrollará reglamentariamente», en una futura norma que nunca ha llegado. Ni lo hará.

El Ejecutivo ha sido cuestionado al respecto en la Cámara Alta, a través de una pregunta para su respuesta por escrito formulada por senadores del Partido Popular. «¿Cuándo va el Gobierno a establecer las medidas necesarias para que se pueda activar un mecanismo de Segundo Registro para la flota pesquera de bandera española [...] para frenar la pérdida de unidades, retener tripulantes y mejorar su competitividad?», dice la iniciativa. En la respuesta, no obstante, desde el poder ejecutivo apuntan que ya existen dos registros, el general —Registro General de la Flota Pesquera (RGFP)— y el Resae, pero no hace mención a plan alguno que vaya a promover aquellos incentivos prometidos hace más de una década.

Desde el sector, tanto armadoras como tripulaciones, han defendido que el despliegue de estas ventajas fiscales permitiría retener a la flota pesquera de pabellón español, poniendo un dique al éxodo constante de barcos y a las banderas de conveniencia. Los reabanderamientos continúan a la orden del día, si bien las masivas exportaciones de los últimos años han reducido al máximo la propia disponibilidad de buques susceptibles de partir. Entre las últimas unidades que han cambiado de bandera están el Txori Bi, ahora de Omán; el Praia de Rodeira, exportado a Mauritania para la pesca de pulpo; o el Curbeiro, que opera hoy con el pabellón de Angola. Todos ellos han mantenido capital español, al igual que el Txori Hiru (Kenia) o el Nuevo Laredo (Francia).

IRPF

En paralelo a la reivindicación del sector por los incentivos de la Resae continúa también la batalla de tripulaciones que operan en aguas internacionales para beneficiarse de una exención fiscal en los primeros 60.100 euros, posibilidad reconocida en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pero reservada, al menos con la literalidad de la norma en la mano, a trabajadores de empresas no residentes. Una cuestión que ha generado mucha controversia después de que el Supremo reconociese el derecho a una tripulante de la Armada a beneficiarse de esta excepcionalidad (artículo 7.P de la ley) trabajar en aguas internacionales, aún habiendo estado a bordo de un buque de bandera española.

De acuerdo al fallo del Alto Tribunal, «la correcta aplicación de la exención debe centrase en la extraterritorialidad de los trabajos realizados, en el efectivo desplazamiento del contribuyente para llevarlos a cabo y en que el centro de trabajo se ubique, al menos temporalmente, fuera de España», reza el fallo. No hay ninguna mención adicional al hecho de que la empresa tenga que tributar sus beneficios necesariamente fuera del territorio nacional. Y continúa de este modo: «La finalidad de la exención descansa en la promoción de la movilidad y en el desplazamiento de trabajadores cualificados para que lleven a cabo su desempeño más allá de nuestras fronteras».

Por lo pronto, Hacienda ha ido rechazando en masa las peticiones de marineros de todas las flotas, decididos a llevar su reivindicación a los tribunales.

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