Armadores, cofradías y conserveras cargan contra la rebaja de la cuota de sardina en Galicia: «Existe un riesgo real para asegurar el empleo»

La reacción del sector pesquero al recorte de la cuota de sardina ibérica para 2026 no se ha hecho esperar. Armadores, pósitos y plantas procesadoras han expresado este miércoles su «profunda decepción» por el acuerdo de reparto aprobado para esta campaña al considerar que llega en el peor momento posible: con menos cuota para los barcos gallegos, con Marruecos habiendo vetado el suministro de sardina congelada y con la conserva bajo una presión creciente para asegurar su materia prima.

La resolución publicada este martes en el BOE confirma que las artes de cerco, racú y piobardeira del Cantábrico Noroeste dispondrán este año de 9.420 toneladas de sardina, un 7% menos que en 2025. En paralelo, el Golfo de Cádiz gana peso y eleva su asignación un 3,7%, hasta las 7.005 toneladas, tras un ajuste realizado para redistribuir las deducciones aplicadas a las modalidades que sobrepasaron su cupo en la temporada anterior.

Este resultado tensa aún más el malestar en la comunidad, donde la sardina suele agotarse pronto, entre julio y agosto, obligando a la flota gallega a alquilar cuota al sur, recurrir a intercambios con Portugal o esperar al mecanismo de optimización que activa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tras verano. El cerco (a través de Acerga), las conserveras (Anfaco), los armadores vigueses (ARVI) y la Federación Galega de Confrarías de Pescadores han emitido un comunicado conjunto en el que sostienen que el reparto anunciado, «lejos de atender las necesidades reales del sector», vuelve a colocar a España «en clara desventaja respecto a Portugal». Y es que la cuota total autorizada para la flota nacional asciende a 16.850 toneladas, el 33,5% del total ibérico que le corresponde en virtud del plan de gestión conjunto con el país luso, que retiene el 66,5% restante con la mitad de barcos (130 frente a los 260 españoles).

«Medidas de apoyo inmediatas»

El sector pesquero admite que el acuerdo puede ser «técnicamente sostenible desde el punto de vista biológico», pero deja claro que «no resulta sostenible en términos económicos ni sociales». A su juicio, las cuotas asignadas quedan «muy lejos de cubrir la demanda de la industria», justo cuando el mercado atraviesa una situación excepcional. Por eso reprochan también a la cartera de Luis Planas que no haya atendido la propuesta remitida el pasado 23 de febrero a la Secretaría General de Pesca, en la que pedían un aumento «excepcional y temporal» del nivel máximo de capturas para compensar el cierre marroquí.

Las asociaciones emplazan al Gobierno a que «reabra el diálogo de manera urgente, revise la cuota española a la luz de la excepcionalidad del mercado, impulse una revisión de la clave de reparto con Portugal y adopte medidas de apoyo inmediatas para evitar afectar a un sector estratégico para la economía y la industria alimentaria».

«Actualmente Marruecos está revisando la concesión de licencias para exportación de sardina congelada, sin otorgar ninguna hasta la fecha. El impacto sobre la industria conservera nacional es inmediato: si la falta de materia prima se agrava, existe un riesgo real para asegurar el volumen de fabricación y el empleo en las plantas de España, especialmente Galicia, Andalucía y otras comunidades costeras, ligados a la sardina», subraya el texto firmado por las entidades.

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