La embajada de Indonesia en Senegal inicia el auxilio de los tripulantes del pesquero de capital gallego «Novo Ruivo»

Indonesia no tiene una sede consular física en Cabo Verde. Es la embajada ubicada en Dakar, en Senegal, la que atiende las necesidades de sus conciudadanos en Gambia, Guinea, Bisáu, Sierra Leona o la propia Cabo Verde. Su responsable a día de hoy se llama Ardian Wicaksono. Fue el pasado otoño cuando su equipo recibió la petición de auxilio de media docena de marineros indonesios, tripulación del palangrero de pabellón portugués Novo Ruivo, que habían embarcado en marzo y no habían cobrado sus salarios desde entonces.

Fueron alertados también que todos los tripulantes, un total de doce, habían sido abandonados en el puerto de Mindelo. El buque está a nombre de la sociedad lusa Somar Produtos do Mar, con sede en Viana do Castelo, pero su capital es íntegramente gallego, de A Guarda, como ya desveló este periódico.

El embajador Wicaksono tiene previsto visitar hoy el puerto caboverdiano, de donde no se ha movido el pesquero desde el 16 de septiembre, para iniciar el auxilio a los tripulantes, según ha podido verificar FARO. La embajada ya trasladó a la Federación Internacional de los Trabajadores de Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) que estaba trabajando en la emisión de salvoconductos dado que el armador del Novo Ruivo tenía los pasaportes en su poder, en España.

«Los posee el armador, como ha reconocido, y estamos intentando forzar a que los entregue», explicaba hace dos semanas a este diario el coordinador de la ITF para la Pesca, Gonzalo Galán. Con fecha del 10 de diciembre, la misión permanente de la República de Indonesia ante la OMI ya había implorado por «asistencia» para «garantizar la repatriación inmediata» de los trabajadores y el pago íntegro de sus salarios pendientes. A finales de noviembre, cuando FARO desveló este caso, la deuda superaba los 68.000 dólares.

«La OIT tiene una serie de indicadores que sirven para identificar situaciones de trabajo forzoso», abunda Galán. Uno de ellos es la «retención de documentos de identidad», además de las «restricciones de movimiento» o el «abuso de la vulnerabilidad». En una entrevista concedida el pasado domingo a la televisión pública caboverdiana, la RTC, uno de los marineros constató que su pasaporte estaba en poder de la empresa armadora.

«El armador no nos paga nada, solo nos manda 50 euros cada dos semanas. Le hemos dicho que queremos nuestro dinero, que necesitamos mandarlo a casa. Él solo nos pide esperar, esperar, esperar... ¿Hasta cuándo?», reprochó el tripulante indonesio de nombre Suruno en el programa Jornal de Domingo de la RTC. «Cuando llegamos aquí —complementó José Viti, angolano— nos dijo que volvía en tres días. Y nunca ha vuelto».

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