Organizaciones de productores de pesca piden menos barreras para garantizar la sostenibilidad de sus socios

¿Es viable impulsar la sostenibilidad dentro de una organización de productores pesqueros si algunos de los barcos asociados asumen los compromisos y otros no? Esta pregunta, que sin duda genera opiniones enfrentadas en el sector, se la han hecho ya algunas alianzas de pescadores de la Unión Europea, teniendo en cuenta que pueden promover entre sus miembros medidas encaminadas a mejorar el medioambiente pero en ningún caso imponerlas. El quid de la cuestión es que, más allá de los criterios que se adopten, hacer el esfuerzo de ser más eficiente —por ejemplo, reduciendo los descartes— conlleva un coste. Y es algo que algunos armadores pueden asumir y otros no.

Por este motivo, los certificados azules que promueve la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), ligada a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), son de carácter voluntario. Ocurre así con el sello de calidad WFAS (Wild and Frozen at Sea) y con el emblema Fresco & Salvaje, destinado a garantizar «la sostenibilidad de los productos que llegan al consumidor final».

El problema es cuando una organización de productores pesqueros —no es el caso de la olívica— trata de imponer un mismo estándar de sostenibilidad, como ya está ocurriendo en los Veintisiete. Tal y como está configurada la normativa comunitaria, las autoridades pueden considerar esta práctica una restricción a la competencia o la posible formación de un cártel, ya que, a diferencia del sector agrícola, el pesquero no puede aplicar acuerdos colectivos vinculantes que impongan reglas comunes, como puede ser el caso de una OPP que quiere que todos sus miembros cumplan con los requisitos del Marine Stewardship Council (MSC) para que su flota sea sostenible.

Posturas enfrentadas

Los partidarios de modificar el reglamento esgrimen que el actual desalienta la adopción de medidas conjuntas en este sentido, sobre todo en un contexto de cambio climático, teniendo en cuenta que si dentro de una misma alianza de pescadores, unos las adoptan y otros no, habrá quien no asuma ese coste y quien sí, con una desventaja en términos económicos para estos últimos. Las consecuencias ya se están sintiendo en algunas pesquerías europeas que impulsan sellos medioambientales; al ver cómo algunos pescadores están abandonando los mismos porque no ofrecen incentivos, algo que frena el proceso. Pero también hay OPP que se oponen a obligar a asumir estos compromisos. Primero, por una cuestión económica —cualquier actuación supone una inversión, que no todos los barcos pueden financiar—, pero también porque sus socios podrían abandonar la asociación que los representa si no están conformes.

La adopción de medidas aplicables a todos los pescadores para mejorar las prácticas pesqueras sostenibles en el sector pesquero es más limitada que en el sector agrícola. En el caso del campo, la cosa cambia, pues la Política Agraria Común (PAC) sí permite a los productores celebrar acuerdos vinculantes para objetivos de sostenibilidad incluso si afectan a la competencia. Esto evita el free-rider: si todos deben cumplir, ninguno compite abaratando a costa de no invertir en sostenibilidad. 

En paralelo al debate interno del sector, el tema ha llegado ya a los despachos de Bruselas. En una interpelación escrita al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, varios eurodiputados han preguntado si la Comisión Europea está dispuesta a permitir restricciones a la competencia en los acuerdos de sostenibilidad entre OPP, en el marco de la revisión de la Política Pesquera Común (PPC). «Si bien el resultado de la evaluación no puede prejuzgarse, la Comisión mantiene su compromiso de garantizar que el marco jurídico sea adecuado para su propósito, incluyendo ayudar al sector a participar plenamente en iniciativas orientadas a la sostenibilidad», destacó el chipriota por su parte.

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