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Los anguileros culpan a las centrales hidroeléctricas de la desaparición de la especie

La asociación de transformadores y comercializadores achaca la reducción de la población al bum de nuevas estaciones de los años 80 y 90

A sus ojos, causaron un «descontrol» en los cauces y una pérdida de hábitats que lastraron el proceso natural de crecimiento de la anguila

Decenas de angulas en la mano de un pescador gallego.

Decenas de angulas en la mano de un pescador gallego. / RICARDO GROBAS

Vigo

No solo los pescadores han mostrado su malestar por la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de declarar la Anguilla anguilla «en peligro de extinción» y prohibir su pesca en España. También lo han hecho desde la Asociación Profesional de la Pesca y Comercialización de la Angula (Aproang), que culpa directamente a las centrales hidroeléctricas de la desaparición de la especie y lamenta que no se haya «hecho nada» para paliar su «perjudicial efecto» en la mortalidad del animal.

Uxío Benítez, secretario general de la entidad, deja claro que la proliferación de estas instalaciones en los años 80 y 90 ha sido la principal causa del descenso de la cantidad de ejemplares. «El descontrol de los cauces hídricos y la pérdida de hábitats han frenado el proceso natural de crecimiento de la anguila», denuncia: «Este ha sido el gran problema y no la pesca, que es la más regulada de Europa».

Aproang está formada por 14 mayoristas que transforman y comercializan la angula en España, abarcando más del 90% de las ventas de Galicia, Asturias, Cantabria y Cataluña. Según un estudio de la Universidade de Vigo, esta actividad genera un impacto económico de casi 50 millones de euros y cerca de 500 empleos.

A ojos de Benítez, tampoco es entendible que se pueda realizar un veto parcial a nivel nacional cuando la gestión del recurso se debe regular para el conjunto de la Unión Europea. Desde el sector, además, recuerdan que la pesca es «el único eslabón que aceptó sacrificios», en el caso de la angula con una reducción del 75% de los días de actividad —de 120 a 30— y una «disminución drástica» de las licencias.

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