La pesca en pleno exige a Bruselas que actúe frente a la flota ilegal china: «No se atreve a sacarle tarjeta amarilla»

En el año 2024, y pese a la oposición del comité técnico de la Comisión de Pesca del Pacífico Norte (NPFC), siete pesqueros chinos fueron retirados de la categoría INDNR (siglas para pesca ilegal, no declarada y no reglamentada) tras haber cambiado de nombre desde los originales Lu Rong Yuan Yu 101/102/103/105/106/108 y109 a los definitivos Lu Rong Yuan Yu 810/811/812/813/815/816 y 817. Llevaban en esa lista negra desde, al menos, 2017.

Con el mismo DNI —o IMO, que es el código de identificación intransferible de un barco—, ya sin autorización para operar en aguas de NPFC y pese a su operativa calificada de irregular por la organización regional de pesca (ORP), son buques cuyas capturas tienen permiso para comercializarse en Europa, como demostró este periódico en una investigación y certificó el comisario de Pesca, Costas Kadis, en una respuesta parlamentaria escrita. «La Comisión era consciente de la situación reportada por FARO DE VIGO», indicó.

La reacción de la flota pesquera, la industria de elaborados y la conservera ha sido unánime: «Es una competencia desleal frente a los que hacemos bien las cosas. Ya que no se atreve a sacarle la tarjeta amarilla, al menos que lo investiguen», remacha el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat. Se refiere el andaluz al régimen de apercibimientos que tiene Bruselas en su mano para hacer frente a la pesca ilegal y, singularmente, a la entrada de su faena en suelo europeo.

El hecho es que la Comisión ha rechazado siempre imponer amonestación alguna a China, como una tarjeta amarilla que le permitiría proponer medidas correctoras al país y un seguimiento de las mismas. El predecesor de Kadis, Virginijus Sinkevicius, llegó a defender públicamente los «extraordinarios esfuerzos» de Pekín por la sostenibilidad de la industria.

«Debilidad institucional»

La información de FARO, abundan desde la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), demuestra la debilidad institucional, así como las implicaciones legales y las lagunas en el Control de la Pesca IUU [son las siglas en inglés de INDNR, Illegal, unreported and unregulated fishing] en el origen China. La estrategia de elusión, con cambio de nombre y caladero en táctica recurrente por parte de las armadoras chinas para blanquear su actividad IUU, no debería ser admitida por la UE, independientemente de las coordenadas geográficas donde se encuentren los pesqueros en el momento actual». Las últimas señales de posicionamiento de este galimatías de barcos los situaban en el Mar Arábigo.

El problema de estas prácticas, además de la competencia desleal, es que «termina teniendo un impacto directo sobre los operadores que cumplen con la normativa y actúan de buena fe», lamentan desde la asociación Conxemar. «Nuestros operadores trabajan con establecimientos autorizados por la Unión Europea, por lo que no deberían verse obligados a desconfiar de un sistema que debería ofrecerles seguridad y garantías». Opagac (Organización Productores Asociados Grandes Atuneros Congeladores), que agrupa a ocho armadoras 48 buques atuneros, ha reivindicado «que las normas se apliquen con el mismo rigor a todos los operadores, especialmente en lo relativo al acceso al mercado europeo».

«Nuestras empresas realizan esfuerzos ingentes en comprobar y verificar las buenas prácticas de sus proveedores. Pero es que Europa es más que España y no todos los países actúan con el mismo rigor», enfatiza el secretario general de la patronal conservera Anfaco-Cecopesca, Roberto Alonso. Por este motivo, recuerda la necesidad de agilizar los trámites para que la UE sea una unión aduanera, no solo comercial, además de un refuerzo de garantías de los recursos de la división de Pesca IUU de la DG Mare. «Nos ayudaría a todos a que estas situaciones, si es que se dan, lo hagan con menor prevalencia».

«Mientras la UE no use el sistema de tarjetas (amarillas o rojas) con la contundencia necesaria hacia China, el Reglamento 468/2010 [por el que se establece una lista para buques INDRN] seguirá como una declaración de intenciones sin efecto práctico; se exige a la flota comunitaria el cumplimiento estricto del Reglamento de Control, mientras se permite que competidores desleales con antecedentes IUU accedan al mercado único», zanja ARVI.

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