La impugnación de contratos bloquea el embarque de observadores en pesqueros y oceanográficos

El trabajo de los observadores científicos es indispensable para la evaluación constante del estado de las pesquerías, pero también para cumplir el mandato comunitario de «recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común». Su labor, por ejemplo, es la que permitió a las autoridades de las Falkland Islands (Malvinas) ir adoptando decisiones casi en tiempo real en la segunda zafra de 2025, dados los volátiles registros de la biomasa de calamar loligo, finalmente cerrada antes de tiempo en pos de la preservación de esa especia.

En España es una tarea encomendada al Instituto Español de Oceanografía (IEO), integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Dado que la institución carece de personal propio suficiente, ésta licita los encargos para su prestacion por parte de empresas externas.

El 3 de octubre la secretaría general del CSIC puso en marcha la licitación para el servicio de asistencia técnica para la red de información y muestreo de desembarques de especies, dividido en cinco lotes y valorado, en su conjunto y con las eventuales prórrogas, en 7,365 millones de euros. La división en lotes delimitaba el área de acción de las flotas: el número 1 se ceñía a los trabajos de muestreo para puertos españoles atlánticos, el número 2 para los de Canarias, los puertos españoles mediterráneos quedarían en el tercero, el cuarto para puertos extranjeros y el último para la pesca recreativa.

La gallega Sinerxia Consultora fue la elegida para los lotes 1, 3 y 4, mientras que Investigación, Planificación y Control (IPD) recibió el encargo para el número 5; Extremera Led Asociados fue la mejor valorada en el segundo. Pero todo este macrocontrato está ahora suspendido después de que IPD haya interpuesto un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

La encomienda tenía que haber empezado la semana pasada, el 16 de enero, por plazo inicial de un año, sujeto a dos prórrogas de 12 meses cada una. La suspensión fue adoptada con fecha del 9 de enero, sin que de momento haya habido un pronunciamiento definitivo a cargo del tribunal que evalúa todo el procedimiento. «Los que hacen el muestreo en puertos y lonjas seguirán trabajando de momento para IPD, ya que se ha prorrogado el contrato que era vigente hasta ahora para que el IEO no quede sin datos», han explicado fuentes de la Asociación de Profesionales de la Observación Científica (APOCM), que ya a principios de mes llamó la atención contra la «falta de transparencia» en estos procesos de contratación pública.

Encomienda

Pero el problema trasciende a esta licitación de asistencia técnica. Fuentes internas del IEO han constatado la judicialización de otro procedimiento, en este caso el encargo de «las labores de observación a bordo de buques pesqueros y de investigación para la obtención de datos biológico-pesqueros» que el CSIC asignó a la empresa pública Tragsatec con el aval de Abogacía del Estado. Una encomienda valorada en más de 8 millones de euros (8.165.868,42 euros, exactamente) que tenía que haber empezado a ejecutarse este mismo martes. «IPD también ha puesto un recurso judicial a esta decisión del CSIC ante un tribunal y, hasta que no salga sentencia judicial, los embarques están paralizados», abunda desde la asociación APOCM.

«El plazo de ejecución será desde el 15 de noviembre de 2025, o desde el día siguiente a la formalización del encargo, en caso de que ésta fuese posterior, y hasta el 19 de julio de 2027. Los embarques se iniciarán el 20 de enero de 2026, y previamente a esta fecha se realizarán todas las labores previas necesarias», determina la resolución del CSIC, a la que tuvo acceso FARO. Los buques Odón de Buen, Miguel OliverRamón MargalefFrancisco de Paula Navarro, Sarmiento de Gamboa y Vizconde de Eza se encuentran en distintos muelles de Vigo; el Ángeles Alvariño, en Gijón.

IPD es una de las empresas de referencia en la asignación de trabajos de muestreo, aunque también realiza encargos, vía licitación pública, para el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Ministerio de Sanidad. El año pasado fue sancionada con más de 100.000 euros por carecer del preceptivo protocolo contra acoso sexual, considerado como «falta grave». La compañía procedió, también en enero de 2025, al desembarque de una observadora de un atunero tras haber denunciado vejaciones a bordo. No hay relación entre este caso y la multa; ambos hechos desvelados por este periódico.

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