El Parlamento gallego pide evitar las multas por el reglamento de control de la UE
PPdeG y PSdeG apoyan un marco transitorio a la normativa que el Gobierno flexibilizará y reclaman ayudas para los equipos
El BNG dice que fue la única formación que votó «no»

La concentración de la pesca de la provincia de Pontevedra en Arcade, este lunes. / Jose Lores
La flota artesanal gallega volvió este martes al mar, satisfecha con la reunión mantenida con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, en la que se selló el compromiso de flexibilizar al máximo el reglamento de control de la UE con la cancelación del preaviso de 4 horas para la llegada a puerto y dejando fuera a las capturas inferiores a los 50 kilos en la declaración.
«Era una normativa, no difícil de cumplir, que es lo que sucede con todas las normativas de control, sino que era imposible de cumplir», reiteró ayer Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Ahora, dijo, los barcos tienen «seguridad jurídica para salir».
En plena resaca del acuerdo, el Parlamento gallego pidió ayer al Gobierno central un marco transitorio de aplicación que evite sanciones o penalizaciones al sector. La propuesta del PPdeG salió adelante con el apoyo del PSdeG y la abstención del BNG. Incluye, además, la solicitud de la puesta en marcha «con carácter inmediato» de un programa de apoyo específico con financiación para la adquisición de equipos electrónicos, formación y asistencia técnica para embarcaciones de pequeña eslora «garantizando que ninguna» quede fuera por falta de medios económicos o tecnológicos».
La diputada popular Nazareth Cendán (PP) criticó que «hasta ayer» [en referencia al encuentro del lunes], el Ejecutivo central «no quiso escuchar», después de protestas del sector, en lo que tacha de «actuación reactiva». El nuevo reglamento «impone medidas pensadas para la flota industrial», reprochó, y «no está adaptada» a la flota de bajura gallega. Acusa al Gobierno central de que «llega tarde» tras «dos años sin hacer nada» y «desconoce la realidad» del sector, puesto que considera que «se extralimitó poniendo al sector contra las cuerdas».
Enfrente, el diputado socialista Carlos López Font cargó contra la «hipocresía» del PP, que «critica al Ministerio por la aplicación del reglamento europeo cuando fue el propio PP quien apoyó este reglamento en el Parlamento Europeo», pues «lo votaron sus eurodiputados» y lo «defendieron sus dirigentes».
López Font censuró que los populares «pretenden hacer ver que no tienen nada que ver», pero recordó una intervención, en octubre de 2023, del eurodiputado gallego Francisco Millán Mon «defendiendo la aprobación de este reglamento» y en donde «felicitaba» a la socialista Clara Aguilera por su papel de relatora.
Rosana Pérez, del BNG, mostró su «perplejidad» por las intervenciones del PP y PSOE, que «votaron a favor de esta iniciativa» en Bruselas. Apuntó que el PSOE «dijo desde el primer día» que estaba a favor del nuevo reglamento, pero carga contra el «descaro y la desfachatez» del PP, pues «dice que el Gobierno puso al sector contra las cuerdas», cuando «quien la aprobó y promovió» fue el Partido Popular en Europa. «Que sepa todo el sector gallego que el ejecutivo europeo que desconoce nuestra realidad es el PP europeo», afeó.
La eurodiputada nacionalista Ana Miranda insistió en esa misma idea. Que fue la única representante gallega en rechazar en el cambio de reglas en Estrasburgo. Remitirá una carta a la directora general de Pesca de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, en la que le explicará la necesidad de que el reglamento de control de pesca recoja las singularidades del sector pesquero gallego. Una normativa «totalmente injusta». Miranda pone el acento en que Galicia tiene «competencias exclusivas» en materia de pesca artesanal.
También ayer el Parlamento de Galicia, a propuesta del PPdeG, reclamó por unanimidad al Gobierno central exenciones del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas para tripulantes españoles que trabajen en buques de bandera española y que faenan fuera de aguas españolas con el fin de estimular el relevo generacional. Este acuerdo es similar al ya aprobado por la Cámara en septiembre de 2024. El diputado popular Miguel Fidalgo defendió la pertinencia de volver a presentarlo porque «pasó un año y medio y no se hizo absolutamente nada» y denunció la «discriminación arbitraria» que sufren marineros gallegos que realizan el mismo trabajo en el mismo caladero, pero que «tributan de forma muy distinta en función de la bandera del buque».
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