La flota presiona por cambios urgentes en las normas de control bajo la amenaza de un paro indefinido

Los ánimos están más que caldeados en el sector pesquero español. Este lunes se iniciará un paro que secundará, principalmente, la flota de bajura. El motivo está en las nuevas obligaciones vinculadas al reglamento de control pesquero, aprobado en 2023 pero que desde el 10 de enero ha traído consigo unas dificultades que los pescadores ven «inasumibles». De poco ha servido la llamada a la calma y las promesas de cambios del ministro de Agricultura, Pesca Alimentación, Luis Planas. O hay cambios urgentes en las exigencias o los barcos seguirán sin salir al mar. «Si no arreglamos mañana o el martes el ir al mar será para pescar sanciones», critica el presidente la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero.

Las obligaciones que la flota considera imposible de cumplir son particularmente dos: por un lado, la exigencia de una notificación previa para llegar a puerto, que se fijó en cuatro horas y que Pesca pretendía reducirlo a dos horas y media, muy lejos de los 30 minutos que demandan desde la bajura; por otro, la necesidad de declarar capturas a partir del primer kilo, lo que obliga al pesaje a bordo de especies con un margen de error de un 20%. Obligaciones que afectan a todas las embarcaciones que igualen o superen los 11,99 metros de eslora, que deberán contar con el diario electrónico.

Ante esta situación, el sector ha planteado un amarre y una serie de concentraciones en diferentes puntos. En Pontevedra, por ejemplo, el epicentro estará en la sede de la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores, en Arcade, a las 16.00 horas, la hora a la que tendrá lugar la reunión en Madrid entre el sector y la secretaría general de Pesca, Isabel Artime. Hasta allí irán otros muchos pescadores gallegos a través de los buses fletados por los pósitos, como explicó a Europa Press el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira. «Va gente de Ribeira, O Grove, Cambados, Bueu... además de en coches y en tren, que ya no hay billetes», aseguró.

Respaldo

La flota gallega cuenta con el apoyo de la Xunta, como viene trasladando la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que reiteró su respaldo en una entrevista concedida a FARO. Urge flexibilidades, porque asegura que lo que le piden al sector «Es desproporcionado». La misma opinión fue la trasladada ayer en un comunicado por la portavoz de Mar del BNG en el Parlamento Galego, Rosana Pérez, que directamente reclamó la exclusión de la flota artesanal del reglamento por el «grave impacto no sector». «Este non é un regulamento nin para a nosa frota artesanal nin para as nosas rías. Está pensado para outro tipo de barcos máis grandes e non recoñece a realidade do noso sector», recalcó.

Más allá de Galicia, muchos de los gobiernos de las comunidades o provincias con salida al mar se han puesto de lado de los pescadores. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia, Sara Rubira, cuestionó el «enésimo ataque» al trabajo de los pescadores; el Govern de Baleares anunció el envío de alegaciones a Pesca; la Diputación de Castellón defendió que el planteamiento «es inasumible» para la flota de bajura; el Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, dijo que las normas solo añaden «más burocracia a una actividad ya muy castigada», y el Gobierno de Cantabria trasladó al Ministerio «el malestar de la flota» por la situación.

¿Qué hará Pesca? Según Planas, ya le ha dado instrucciones a Artime para que articule medidas provisionales, además de asegurar que llevará el tema al Consejo de Agricultura y Pesca de la UE que tendrá lugar el próximo 26 de enero. Pero para el sector es todo o nada: o se exime de estas obligaciones concretas a los barcos de bajura o el amarre continuará.

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