¿Por qué protesta la gente del mar? Un viejo problema que vuelve con nuevas aristas

La negociación del nuevo Reglamento de control para el sector pesquero fue larga (duró más de cinco años) y difícil. En el seno comunitario, muy lejos de la costa y de su realidad, Bruselas y los legisladores plasmaron sobre el papel una serie de requisitos que, según se iban conociendo, levantaban ampollas entre los marineros. Especialmente en la bajura.

Ya en 2021, mucho antes de que se aprobase definitivamente el texto, la flota llevó a cabo movilizaciones cargando contra las cámaras a bordo, la geolocalización obligatoria o el diario de pesca electrónico (DPE) para los barcos más pequeños. Aunque se aprobaron flexibilizaciones y se dio margen para la aplicación de las medidas más complicadas hasta el 10 de enero de este año, el sector se ha vuelto a levantar en armas contra algo que consideran «inasumible» en un problema que viene de lejos pero que muestra nuevas aristas. Muestra de todo ello, el paro acordado por las cofradías para el lunes.

Las nuevas obligaciones de control son de todo menos nuevas. Consejo, Parlamento y Comisión Europea sellaron el pacto sobre este reglamento en la madrugada del 30 al 31 de mayo de 2023 después de tres años de trílogos. La publicación fue a finales de ese año, pero la aplicación de varios puntos (al menos los principales) se prorrogó, dejando un margen temporal para que los países y sus flotas pesqueras se adaptasen de la mejor forma posible. Así, por ejemplo, se dieron cuatro años para la llegada del seguimiento electrónico remoto (REM, por sus siglas en inglés), las tan criticadas cámaras a bordo para los buques de más de 18 metros de eslora en función del riesgo de incumplimiento y que desde el sector se compararon con el conocido programa de televisión Gran Hermano.

Se apostó por una implantación escalonada hasta finales de década, con normativas para los barcos de la bajura y también de la pesca recreativa, otro segmento que está estas semanas en pie de guerra. Desde un principio, la gran preocupación de los pescadores se encontraba en la geolocalización y la obligación de tener un DPE a bordo, que se une a la obligación de avisar con antelación (cuatro horas antes) de la llegada a puerto.

Para iniciar esta aplicación, desde el 10 de enero las embarcaciones que igualen o superen los 11,99 metros de eslora deben contar con el diario electrónico y con el registro de las capturas, con un escaso margen de error. Para ello, desde la Secretaría General de Pesca se viene trabajando con antelación en el proyecto iPesca, una app móvil para la comunicación de capturas y declaración de desembarque de la flota artesanal que ya utilizaban más de 150 barcos de bajura. «Se ha hecho labor muy importante por la simplificación al máximo para los patrones», dijo el pasado octubre el jefe del Servicio de Inspección Pesquera de la Secretaría General de Pesca, Javier Abad.

Pero esa simplificación de la que habla Pesca ha sido más bien poca, según entienden las cofradías o la patronal española Cepesca. Desde el inicio de curso ambas organizaciones intensificaron las protestas por la activación ya prevista de estas normas. Sus quejas se centran principalmente en el umbral mínimo de 50 kilos para la declaración de capturas en el DPE y el límite horario fijo para la notificación previa de entrada a puerto, dado que entienden que desde Madrid se podría tirar un cabo y suavizar las exigencias.

Para la confederación, esta medida «convierte el DPE en un ejercicio de aproximación sin base técnica», ya que las embarcaciones no disponen de «sistemas de pesaje a bordo ni de medios que permitan identificar y cuantificar con precisión capturas de pequeño volumen por especie durante la faena». «Hacerlo es imposible», resumió para este medio el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero, tras la reciente reunión telemática de los pósitos en la que se decidió el amarre. «Incompatible con la realidad operativa», añadió Cepesca poco antes del día 10.

La perspectiva que manejan desde la industria es la de poner toda la carne en el asador en la reunión que mantendrán sus representantes con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, el lunes, día del paro. Desde el sector, al igual que desde la Consellería do Mar, creen que el margen de maniobra de España ante la normativa aprobada a nivel comunitario es más amplio del que se ha mostrado hasta la fecha. Sobre todo, más allá de reducir la franja temporal de aviso de descarga de cuatro a dos horas y media. Urgen, como defiende la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que «flexibilice al máximo la aplicación».

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