Tragsa cierra la investigación en el oceanográfico «Miguel Oliver»: «No hubo acoso»

El buque oceanográfico Miguel Oliver, adscrito a la Secretaría General de Pesca, registró cuatro bajas laborales en el periodo comprendido entre la última semana de septiembre y la tercera de octubre de este año. Todas ellas, según fuentes de la plantilla, vinculadas a un presunto clima de acoso laboral a bordo y que derivó en la apertura de una investigación interna a cargo de la empresa gestora del barco, la pública Tragsa, como confirmó a FARO. La primera denuncia, cursada por un empleado recién llegado al barco, no solo aludía a comentarios vejatorios: refirió una agresión física --un «golpe en la espalda»-- en el comedor. El denunciante fue desembarcado 24 horas después, el 28 de septiembre, en A Coruña; recibió la baja médica por un cuadro de ansiedad. Ahora Tragsa, en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, ha archivado el procedimiento «al no evidenciarse indicios mínimos de la existencia de una situación de acoso laboral». Las tres bajas restantes se produjeron después de esta supuesta agresión.

El informe lleva la firma de los cuatro miembros de la Comisión Permanente de Tragsatec (filial de Tragsa). Constan tres trabajadores como «partes implicadas», además del «informante» --el denunciante, que fue desembarcado-- y cuatro testigos. FARO ha optado por omitir los nombres y cargos desempeñados por cada uno de ellos para proteger su intimidad. Los acontecimientos se desencadenaron el 27 de septiembre cuando el denunciante informó a otro embarcado (y representante sindical) que había sido agredido «por la espalda». Estos hechos fueron trasladados a la máxima autoridad a bordo, la capitana del Miguel Oliver. «Comentó que se sentía un poco acosado e incomodado por algún compañero, nombrando a dos en concreto», prosigue el documento.

«El trabajador comentó que ese día, cuando se encontraba en el comedor colocando unas cosas en las estanterías [aquí figura el nombre del supuesto agresor, al que llamaremos Carlos] de manera sorpresiva le dio un golpe en la espalda». A preguntas de la capitana, un compañero aseguró haber escuchado el golpe, pero «no vio nada». Sobre otro trabajador investigado, Juan (tampoco es su verdadero nombre), el denunciante «comentó que le ha levantado la voz y se ha dirigido a él de malos modos». La decisión de apear al supuesto agredido del oceanográfico se tomó en el puente de mando: «no quería a bordo a una persona en la situación y el estado en el que se encontraba aquel».

Del contenido del informe se desprende que la Comisión Permanente de Tragsatec da veracidad a las acusaciones referidas a los insultos porque ha incluido como «datos e información obtenida de la investigación» que Juan «se ha dirigido de malas formas y ha proferido gritos con motivo de algún error que haya cometido». De hecho, aunque la compañía ha inadmitido la denuncia por acoso laboral, ha emplazado a Recursos Humanos a que «analice el hecho concreto relacionado con el trabajador (Juan)» por «las malas formas y gritos».

El quiñón

Fue el día 14 de octubre, esta vez en Gijón, cuando bajaron del Miguel Oliver otros tres trabajadores: dos varones (marinero y electricista) y una mujer (camarera), también por el mal ambiente a bordo y con diagnóstico de ansiedad. FARO informó de esta situación, y de la apertura de una investigación interna, con fecha del 24 de octubre. Entre la plantilla achacaron a la difusión de los presuntos casos de acoso el hecho de que Tragsa, por primera vez desde la entrada en funcionamiento de este oceanográfico, decidiese prohibir el quiñón, que es la práctica que consiste en el reparto del pescado entre tripulantes y científicos. La compañía lo ha negado y ha vinculado el veto a las «disputas» dentro del barco.

El hecho es que, con el quiñón descartado, el resultado de los lances realizados por este tipo de buques científicos se arroja al mar. «Cientos de kilos» que, apuntan en la plantilla, podrían destinarse a fines sociales, máxime teniendo en cuenta que la flota pesquera tiene prohibido los descartes en aguas comunitarias. FARO no ha recibido respuesta de la Secretaría General de Pesca a este respecto; desde el de Consumo indicaron que es un área que no les corresponde, delegando en el ministerio anterior.

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