Un «agujero» de 17.000 barcos en la despensa marina de la UE

La pesca de la Unión Europea ha perdido una cuarta parte de su capacidad desde la entrada en vigor de la última reforma de la Política Pesquera Común (PPC) en 2014. El agujero de la despensa marina de los Veintisiete no ha hecho más que agrandarse en los últimos diez años, dejándose por el camino más de 410.000 GT —acrónimo de Gross Tonnage, la unidad que mide el volumen total del espacio de un buque— y de ellos una octava parte vinculados a la flota española, la que mayor recorte ha sufrido en cantidad. Son más de 50.000 toneladas de arqueo bruto, equivalentes a 1.200 barcos con pabellón nacional de las 17.100 embarcaciones comunitarias que han desaparecido a lo largo de la década. Se trata en todo caso de una merma desigual en proporción y que afecta de lleno a Galicia, con 23.800 GT menos. Casi tantos como el hachazo conjunto de Portugal (-14.247), Dinamarca (-6.028), Finlandia (-1.799), Irlanda (-788), Bulgaria (-778), Bélgica (-599), Alemania (-579), Malta (-439) y Polonia (-17).

Con estas cifras parece justificada la necesidad de impulsar un verdadero cambio de rumbo en el seno del bloque, habiéndose dado ya el primer paso al someterse a revisión la actual regulación, un proceso que concluirá la próxima primavera y determinará si es necesaria una reforma y en qué medida. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación remitió a finales del mes pasado a Bruselas una batería de actuaciones para simplificar la normativa y adaptarla a la realidad del sector, haciendo constar entre sus peticiones que se permitan de una vez por todas las ayudas para las nuevas construcciones, acabar con el tope del 15% a los apoyos a la renovación, minimizar el impacto de las cajas azules o revisar la obligación de desembarque, así como que los totales admisibles de capturas (TAC) incorporen «la triple vertiente de sostenibilidad» y sean plurianuales por obligación cuando se pueda. Pero lo que pase ahora dependerá, como siempre, de la voluntad de un Ejecutivo que hoy lidera por segundo mandato consecutivo Ursula von der Leyen. Un Gobierno acostumbrado a dar una de cal y otra de arena. Que un día designa un comisario europeo de Pesca y Océanos exclusivo desligado de Medio Ambiente —como hizo esta legislatura con Costas Kadis tras las críticas a su predecesor, Virginijus Sinkevičius— y prácticamente al siguiente anuncia un recorte del 67% de la partida específica para impulsar la actividad, así como su intención de acabar con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

La Comisión Europea no es coherente como tampoco lo ha sido la PPC desde su nacimiento, en 1983, y pese a haber sufrido tres grandes modificaciones —por así decirlo— en 1992, 2002 y 2013, la última aplicada a partir del año siguiente. «La Política Pesquera Común se ha revisado cada década y en cada una de las revisiones se ha constatado el incumplimiento de sus objetivos», recalca Fernando González Laxe, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidade da Coruña (UDC) y expresidente de la Xunta. «Si siempre pasa lo mismo, será que están mal sus principios», añade. A sus ojos, los cuatro pilares sobre los que se sustenta —gestión de recursos, infraestructura, mercados y política externa— «son muchas veces contradictorios entre sí».

Por qué la capacidad de la flota de España y Galicia se ha visto más reducida que la de otros Estados miembros es algo que no puede explicar un solo motivo. Hay una concatenación de factores —explica Laxe—, y entre ellos está la disminución de las cuotas que a lo largo de los últimos años se ha venido produciendo. En la primera década del siglo XXI había más poblaciones sobreexplotadas y eso impulsó una serie de decisiones que, aunque fueron basadas en conocimientos científicos, fueron «arbitrarias» al no respetar el equilibrio socioeconómico. Esta tendencia se ha mantenido desde entonces pese a la mejora de muchos stocks y ha venido acompañada de otros puntos críticos para el sector como el encarecimiento del combustible marítimo —que supone la mitad de los costes operativos de la flota y ha mermado en muchos casos su rentabilidad—. También ha influido el sistema de seguimiento y control, que varía en función de cada país, así como la falta de relevo generacional, el Brexit o el cierre de algunas zonas para la pesca —como es el caso de las 87 áreas del Atlántico Noroeste—, algo que los pescadores gallegos han sufrido especialmente.

La sangría en números

España ha perdido más capacidad pesquera entre 2014 y 2024 que cualquiera de las otras grandes potencias pesqueras europeas por volumen, y ello se debe en parte a que la flota nacional es la que más GT reunía de todas (357.953, ahora 307.303), si bien en porcentaje es la pesca neerlandesa la que mayor caída ha experimentado —un 31% frente al 14% español—. De los Países Bajos se han borrado casi 44.000 toneladas de arqueo bruto, todo según los datos que recoge Eurostat, analizados por FARO, que incluyen en el cómputo europeo a Reino Unido hasta 2019, cuando desaparecen 191.487 GT de golpe y porrazo. Los siguientes recortes más pronunciados los han asumido las flotas de Francia (-20.981), Italia (-17.376), Croacia (-16.652), Grecia (-16.571) y Lituania (-16.090), todas por detrás del tijeretazo asestado en el mismo periodo a la comunidad gallega, en este caso según las cifras del Instituto Galego de Estatística (IGE).

«Desgraciadamente, no nos sorprenden los datos. La aplicación de la PPC, que claramente ha priorizado las cuestiones medioambientales y ha dejado de lado las sociales y económicas, ha provocado la destrucción masiva de buques de pesca y de pescadores en la Unión Europea, especialmente en países como España, líder pesquero», recalcan desde la Confederación Española de Pesca (Cepesca). «Se está poniendo en juego la soberanía alimentaria y la riqueza de las comunidades pesqueras de todo el litoral español y europeo», ponen de manifiesto desde la patronal, que urge un viraje en la Política Pesquera Común «para evitar que la flota comunitaria desaparezca y dependamos, aún más, de las importaciones».

La reducción de la capacidad de la pesca comunitaria ha sido progresiva, pero, como prueba la evolución de cada país, también desigual. Ernesto Penas, presidente de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) y durante tres décadas funcionario de alto rango de la Comisión Europea —concretamente en la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare)—, lo achaca a dos causas: la inestabilidad de los acuerdos con terceros países como Marruecos, Mauritania o Angola para poder faenar en sus aguas —clave, teniendo en cuenta que «España es el número uno por grandísima diferencia»— y el desequilibrio de las posibilidades de cada Estado miembro, con un paquete de derechos históricos para la flota nacional que «siempre ha sido menos favorable», lo que ha acabado por achicarla silenciosamente a través de la exportación de barcos y su desguace.

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