Tragsa achaca a «disputas» a bordo su veto al quiñón en los oceanográficos que fuerza a tirar cientos de kilos de pescado

El informe anual del año 2008 de la Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa) dedica tres de sus más de 200 páginas a exponer su cometido en las áreas de «pesca y asuntos marítimos». «Actualmente —expone— se gestiona la operatividad de tres buques oceanográficos», uno de ellos recién entregado en aquel momento: el Miguel Oliver.

Con 70 metros de eslora y capacidad para 45 personas, equipado además para realizar pesca de arrastre y palangre, había sido dispensado un año antes por el desaparecido astillero MCíes. Desde su estreno, como sostienen varias fuentes de la tripulación y ha desgranado FARO, en el barco se ha realizado siempre la práctica conocida como quiñón: el reparto entre toda la dotación (mandos, marinería, técnicos e investigadores) del pescado faenado durante misiones científicas.

Tragsa, pese a tener encomendada la gestión desde sus inicios, asegura que no ha sabido hasta ahora, 18 años después, que en el Miguel Oliver hubiese quiñón. Lo ha explicado a su plantilla por escrito tras haberlo prohibido hace escasas semanas, como divulgó este periódico, una decisión que a bordo consideran un «castigo» por haber denunciado casos de acoso laboral.

La empresa Tragsa asegura, por contra, que el veto obedece a la existencia de «disputas» en el barco. «Hemos recibido quejas importantes en cuanto a la desaparición de pescado y disputas en la atribución del mismo, por lo que se ha tomado la decisión de llevar a cabo la prohibición», indica la compañía en esta respuesta formal a la plantilla, con copia a los máximos responsables de recursos humanos de Tragsa. «El Miguel Oliver —apostilla— es un buque oceanográfico y, por tanto, su actividad no es la pesca como tal».

La reacción

Esta respuesta no ha calmado los ánimos en la tripulación, que insiste en que la gestora del barco ha vertido «falsedades» para motivar la prohibición y ocultar el verdadero motivo, esas supuestas represalias. A excepción de esa eventual «desaparición del pescado» del quiñón, Tragsa no ha vuelto a mencionar los otros motivos a los que aludió cuando decretó el veto a esta práctica, como problemas de trazabilidad.

«Si alguna vez ha desaparecido algo —han replicado fuentes de la plantilla— se ha solucionado entre compañeros, y tampoco ha habido problemas con el reparto ya que antes de comenzar las campañas se pone por escrito qué lance le corresponde a cada departamento». El hecho es que, prohibido el quiñón, estos barcos tiran «cientos y cientos» de quilos de pescado al mar, ya que tampoco se congelan a bordo para repartirlos entre ONG o familias necesitadas; la flota pesquera tiene prohibido descartar capturas en aguas comunitarias.

FARO sí ha constatado «roces» en otros buques como el Vizconde de Eza, también gestionado por Tragsa. Tanto este último como el Miguel Oliver pertenecen a la Secretaría General de Pesca. Precisamente una delegación de Pesca y de la propia compañía se desplazó este miércoles al buque, ahora amarrado en el embarcadero de Rande, para abordar tanto el conflicto por el quiñón como las denuncias de acoso laboral. Al menos una de ellas —de un total de cuatro en la última marea— incluye una denuncia por agresión, lo que ha motivado la apertura de una investigación interna, como confirmó la empresa.

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