España pide que la futura política pesquera de la UE permita dar ayudas para construir barcos

España ha presentado un informe técnico al proceso de evaluación de la Política Pesquera Común (PPC) que propone una de las reformas más amplias de la última década. El documento, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, insta a la Comisión Europea a simplificar normas, reducir burocracia, dotar de mayor estabilidad a los TAC y cuotas, flexibilizar la obligación de desembarque y revisar el sistema de ayudas. Todo ello para conseguir que el futuro reglamento se ajuste mejor a la «realidad operativa del sector», proporcione seguridad jurídica y aplique de verdad los principios de sostenibilidad ambiental, económica y social que debería contemplar la normativa.

En el documento, al que ha tenido acceso FARO, la cartera que dirige Luis Planas trasmite a Bruselas su oposición al tope establecido en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que limita los apoyos a un máximo de seis millones de euros o el 15% del total asignado a cada Estado miembro para la renovación de la flota, su modernización y las paradas definitivas y temporales de la actividad, creando una «doble traba» que obliga a elegir entre compensar inactividad o impulsar relevo generacional. El MAPA sostiene que la prohibición vigente de subvencionar la construcción de buques y remozar los motores de las embarcaciones de más de 24 metros responde a una lógica «anticuada» que «confunde renovación con sobrecapacidad». Por ello llama a permitir la renovación sin incremento de capacidad neta y eliminar las restricciones de eslora para mejorar la eficiencia energética.

Flexibilizar la admisibilidad de las ayudas

El Gobierno español también pide eliminar la obligación de mantener durante cinco años las condiciones de admisibilidad de las ayudas —como no haber cometido infracciones graves—, ya que esto «actúa como una barrera» y frena el acceso del sector a las ayudas europeas. A nivel financiero, reclama revisar la regla n+3 del Reglamento de Disposiciones Comunes —según la cual los fondos asignados a un programa deben ser utilizados dentro de los tres años siguientes al año de su compromiso presupuestario y si no deberán ser devueltos al Ejecutivo comunitario— y habilitar excepciones automáticas ante circunstancias extraordinarias.

Sin cajas azules en los buques de apoyo

En el ámbito del control pesquero, Madrid considera «inviable» la nueva definición de buque pesquero del Reglamento 2023/2842, ya que obligaría a incluir a buques de apoyo, transformación, remolcadores o transporte, lo que «resulta logísticamente excesivo». Propone excluirlos explícitamente y evitar que tengan que instalar la caja azul o contar con un diario electrónico. También pide flexibilizar el margen de tolerancia para pequeñas capturas, ajustar las normas de pesaje para evitar pérdidas económicas y reducir el plazo obligatorio de la notificación previa de entrada en puerto (PNO) de cuatro horas a dos horas y media.

TAC plurianuales obligatorios

Otro de los apartados más sensibles se centra en la asignación de las posibilidades de pesca, teniendo en cuenta que España pide que se incorpore de forma expresa la «triple vertiente de sostenibilidad» —económica, social y ambiental— para que no se base únicamente en los dictámenes científicos. Plantea además TAC plurianuales obligatorios siempre que sea posible, la aplicación generalizada de estabilizadores del ±20% y mecanismos específicos para especies con recomendación de cero capturas, con un sistema de roll over que reduzca la volatilidad.

Una auditoría del trabajo del STECF

El Gobierno también sugiere una «revisión externa del trabajo del STECF» y auditorías periódicas, mínimo cada cinco años, que garanticen procesos homogéneos entre ICES, SAC y el propio comité científico, técnico y económico de la Comisión. En materia de flotas exteriores, España solicita ampliar de dos a tres años el periodo válido para renovar sus autorizaciones con informes científicos.

Revisar la obligación de desembarque

Asimismo, el informe cuestiona definiciones clave del Reglamento 1380/2013 como la de «esfuerzo pesquero», que según España «no tiene mucho sentido» cuando este ya está limitado por TAC y cuotas o por los días de esfuerzo». Propone que el esfuerzo se vincule a las normas de gestión específicas de cada pesquería. También reclama una revisión de la obligación de desembarque tras «situaciones de estrangulamiento (efecto choke)» y defiende mantenerla solo en pesquerías donde «se demuestre un resultado neto favorable».

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