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Bruselas revisará el veto al palangre tras forzar el éxodo de 20 pesqueros gallegos

El comisario Kadis está dispuesto a atender la petición de España de modificar la normativa si hay aval del ICES

El objetivo, que entre en vigor para el año 2026

Vista de la proa de un palangrero gallego en medio de un temporal

Vista de la proa de un palangrero gallego en medio de un temporal / A. O. /Cedida

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

La adopción de una medida a cargo de la administración siempre va de la mano de una evaluación previa: ¿Es necesaria? ¿Qué pretende conseguir? ¿Tendrá impacto sobre colectivos o el erario público? Solo así se garantizan principios como la idoneidad y la proporcionalidad. En el caso de una decisión con alcance socioeconómico y ambiental, esa evaluación previa sería también triple: social, económica y medioambiental. Pero la Comisión Europea, cuando adoptó el «acto de ejecución» 2022/1614, en septiembre de 2022, no hizo ninguna.

Decidió, sin ninguna información —como plasmaban sus informes internos y desveló FARO—, vetar la pesca de fondo en 87 áreas de aguas comunitarias, en un espacio superior a los 16.500 kilómetros cuadrados donde «existen o es posible que existan ecosistemas marinos vulnerables» (VMS o vulnerable marine ecosystems). Fue este periódico el que advirtió que en casi la mitad de aquellos polígonos ni siquiera se alcanzaban los 400 metros de profundidad. No obstante, pese a asumir que desconocía qué hace el palangre en los fondos marinos — «se ignora su impacto»— o qué roto económico iba a causar en la flota — «no lo conocemos»—, Bruselas nunca quiso corregirse. Y tampoco, como prometió, hizo jamás la revisión anual de aquellas 87 áreas. Nada.

Hasta ahora, más de tres años después, que la cartera que ahora dirige Costas Kadis, comisario de Pesca y Océanos, está dispuesta a enmendarse. Según apuntó en un encuentro mantenido en Bruselas con el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, propondrá una reforma legal para que el palangre, como arte fija, no tenga la consideración de aparejo de fondo y pueda volver a faenar en las zonas ahora vetadas. Esta es una demanda realizada expresamente por el ministro de Pesca, Luis Planas, como lo detalló en una entrevista concedida a FARO este verano.

No está hecho todavía, pese a que ayer Besteiro sí aseguró de inicio que Bruselas tenía la decisión tomada y que los palangreros quedarían eximidos en 2026 de esa prohibición. Para nada. Antes de tomar ninguna decisión Kadis quiere disponer de un nuevo informe solicitado al ICES —siglas de International Council for the Exploration of the Sea o Consejo Internacional para la Exploración del Mar— que arroje luz, al fin, sobre este tipo de aparejo. Es un avance más que notable, teniendo en cuenta que su predecesor, Virginijus Sinkevicius, nunca se planteó esta opción y, más aún, insistió en todo momento en que no tenía obligación alguna de solicitar informes de impacto.

El peaje

Ahora bien, sea cual sea el dictamen del ICES —las perspectivas son buenas en fuentes internas de la Comisión—, el destrozo ya está ahí.

Desde la entrada en vigor del acto de ejecución una veintena de buques que operaban en Gran Sol y aguas nacionales afectadas por los vetos causaron baja en la flota española en búsqueda de caladeros donde poder trabajar en condiciones de rentabilidad. Hay al menos otros cuatro palangreros de fondo a la venta, entre Ribeira y Vigo, y otros dos en proceso de exportación.

Pesquero «Manolo del Terín»

Pesquero «Manolo del Terín» / Mapa

En esta nómina constan unidades como el Pino Ladra, ahora Maranda Octavo y con pabellón de Marruecos, en las filas de Grupo Astipêche; el Manolo del Terín (de 2016), encargado por Mascato para trabajar también en Gran Sol y exportado a Namibia, donde faena con el nombre Atusheni; el Río Mau, de igual modo en Marruecos; el malogrado Noruego, de armadores de Ribeira y hundido en aguas de Angola hace un mes; el Flecha (Reino Unido, rebautizado como Ayr Dawn 2), Adrina (Mauritania)...

El golpe ha sido mayúsculo ya. En sucesivos estudios oficiales los técnicos de Bruselas sí fueron evidenciando que la Comisión «subestimó» el golpe a la flota o que, frente a diagnósticos benévolos, un veto de estas dimensiones sería un golpe necesariamente «significativo».

El Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca de la alta institución comunitaria (CCTEP; Stecf, en inglés), en abril del año pasado, advirtió, por ejemplo, lo siguiente: «No se analizaron en su totalidad los impactos sobre los buques artesanales de España, ni tampoco se completaron análisis del desplazamiento del esfuerzo pesquero». De nada sirvió.

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