Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón

Los oceanográficos Vizconde de Eza o Miguel Oliver están dotados de maquinaria para la pesca, tanto en la cubierta superior como en la de francobordo. El primero de ellos, por ejemplo, fue equipado con maquinillas para virado y lanzado de cable de arrastre, de tambor de red o volteo de copo, y también con un halador para el arte de palangre. En el interior se dispusieron dos líneas para el tratamiento de las capturas, fabricadas por Innaves: una de ellas lleva a una zona de clasificación para congelado —tiene capacidad para tratar dos doneladas al día con una temperatura de congelación de -40º— y otra devuelve los peces vivos al mar. Son barcos que no tienen licencia para la pesca —operan en caladeros como el de Terranova, Gran Sol, el Cantábrico o el Mediterráneo—, pero, excepto los buques de investigación que se dedican a realizar batimetrías u otras misiones de control, pescan. Es su trabajo.

La cosecha de sus lances se ha repartido tradicionalmente entre toda la dotación que iba a bordo, entre tripulantes y personal científico, que es lo que se conoce comúnmente como quiñón. Pero en el Vizconde de Eza quedó prohibido hace dos campañas y en el Miguel Oliver acaban de notificar la misma decisión a sus tripulantes, como desveló FARO la pasada semana. ¿Qué pasa entonces con todo el pescado? Se tira.

«Es una animalada –constata una de las trabajadoras–, no te haces una idea de lo que arrojamos al mar». Entre el personal de la flota oceanográfica española, tanto adscrita a la Secretaría General de Pesca como al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hay opiniones contrapuestas sobre la idoneidad o no de mantener el quiñón, dados los «problemas» que ha causado su reparto en el pasado en algunos de los barcos. Pero todos coinciden en lo mismo: se tiran «cientos de kilos» de alimentos que, al menos, deberían distribuirse entre ONG para familias necesitadas o para su reutilización para harina de pescado. Es la empresa pública Tragsa la encargada de la gestión de toda esta flota.

¿Cuánto se pesca?

Un buque como el Vizconde de Eza puede realizar hasta cerca de un centenar de lances por campaña, como consta en los registros remitidos a NAFO, y el Miguel Oliver tenía planeado hacer en torno a 70 este mes de noviembre en Guinea-Bisáu, en una misión finalmente cancelada por falta de financiación. No es posible ofrecer una media de cuánto pescado entra en los aparejos en cada operación: «Puedes hacer un lance y que el copo te venga vacío o que te venga lleno de cabra (gallineta)», indica una persona de la plantilla de Tragsa. Desde el Miguel Oliver calculan que «podemos estar sobre una media de 200 kilos, de ahí para arriba», dependiendo de la zona de largada del aparejo y la profundidad. Por cada vez que se vira (recoge) el aparejo. «Somos un oceanográfico pero, a fin de cuentas, estás pescando todo el día. En Canadá estamos desde las 7 de la mañana hasta las diez de la noche», complementa otra fuente consultada.

Como detalló este periódico, la dirección de Tragsa aludió a «quejas de tripulantes», «posibles problemas de trazabilidad» o a la «desaparición de pescado» para justificar la prohibición del quiñón en el Miguel Oliver por primera vez desde su entrada en servicio, hace 18 años. También indicó que «dicha actividad no se encuadra dentro de los contenidos del pliego de contratación con el cliente», en un escrito sin fecha ni firma y colgado en el tablón de anuncios del buque. Desde la tripulación, por contra, se han mostrado convencidos de que se trata de un «castigo» por haber denunciado los casos de acoso laboral a bordo, como también desveló este periódico: al menos cuatro personas solicitaron baja con cuadro de ansiedad y Tragsa ha abierto una investigación interna para depurar eventuales responsabilidades.

Preguntados sobre el quiñón o su reparto, desde buques pesqueros muestran su disconformidad porque «no son un barco de pesca y el quiñón es un pago en especie». Pero sí rechazan que se arrojen las capturas al mar, máxime teniendo en cuenta que, para los que operan en aguas comunitarias, rige la obligación del desembarque impulsada por Bruselas en 2019: se tenga o no cupo para esa especie, todo hay que desembarcarlo, computa contra cuota propia y no puede destinarse a consumo humano. En la flota oceanográfica insisten en que trabajar el quiñón es «voluntario», que «no habría problemas si Tragsa no se lavase las manos» y que buena parte del pescado que se llevan para casa se reparte entre familiares o bancos de alimentos. Y aluden desde el Miguel Oliver, por último, a la recientemente aprobada Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que expone en su preámbulo que «las pérdidas y el desperdicio de alimentos son señal de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios y de una falta de concienciación social [...] Reducir drásticamente ese volumen de pérdidas y desperdicio alimentario es un imperativo moral de los poderes públicos y de los operadores de la cadena de suministro».

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