Malvinas congela el coste de licencias tras las atípicas campañas de calamar

El Gobierno de Malvinas (Falklands) tiene a la pesca en el epicentro de su toma de decisiones, toda vez que el sector aporta aproximadamente el 60% del PIB del archipiélago. Ejemplo de ello es la importante inversión de unos 125 millones de euros para la construcción e instalación de un nuevo puerto, que servirá para dar un mucho mejor servicio a la flota pesquera, además de a otros sectores accesorios. Esta industria es vital para las islas y sus habitantes y el objetivo pasa por sacar el máximo rendimiento posible, motivo por el que también otorgó permisos de pesca para 25 años a las joint ventures con capital gallego a cambio de una malvinización (al menos el 51%) de las empresas participadas. Sin embargo, cada año el sector debe abonar un pago por las licencias, que va variando según el curso en función de una serie de variables. El sistema de pago está en revisión, como avanzó FARO, pero la aplicación de los nuevos condicionantes se ha alargado a 2027. Hasta entonces, la decisión del Gobierno local es la de congelar los precios abonados por la flota, lo que coincide con las atípicas campañas del calamar vividas por los 16 buques con base en Vigo y Marín.

Desde 2024, ese año incluido, la flota gallega que captura el cefalópodo de la especie Loligo paga en su conjunto 14,4 millones de libras, que al cambio actual se traduce en unos 16,4 millones de euros. La cuantía está en máximos históricos desde el alza del 22% decidido en 2023, pero se repitió para este curso debido a ese proceso de revisión del sistema, que entendía el 2025 como un «año de transición».

Congelación de la tarifa

Esa «congelación» de la tarifa se extenderá ahora a 2026. La Asamblea Legislativa malvina, órgano que dirige el archipiélago, publicó el último documento vinculado a las «Tasas de acceso a la pesca» del próximo año. En él recoge que se dan una serie de circunstancias que hacen imposible la aplicación ahora del nuevo sistema en el que se baraja basar las cantidades a abonar en los beneficios de las empresas o usar exenciones tributarias, entre otros escenarios. «En consecuencia, la campaña pesquera de 2026 se considera otro año de transición antes de la revisión», apuntan.

Según el gobierno malvino, el proyecto para el nuevo sistema «está en curso» e incluye «el establecimiento de conjuntos de datos económicos sólidos para cada una de las pesquerías» que se desarrollan en territorio bajo dominio británico, con «una evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios de las diferentes opciones de marco».

Eso sí, de forma paralela el documento también hace referencia al «incierto» futuro de la pesquería de Loligo, clave para la flota gallega y la industria transformadora. Así, recuerdan «el cierre anticipado de la segunda temporada en 2023, la no apertura de la segunda temporada en 2024 y la reducción de la duración de las temporadas en 2025». De hecho, explican que tras la suspensión de la segunda campaña del pasado curso sedecidió «aplazar el 60% del pago fraccionado correspondiente a diciembre de 2024», permitiendo el pago hasta junio de 2025, aunque «sujeto a un interés anual del 4%».

De igual forma, el texto recoge que coincidiendo con esta merma en las capturas la flota del calamar ha afrontado los importantes gastos derivados de la renovación de flota, con 97 millones de libras (110 millones de euros) entre 2023 y 2024 y pagos pendientes por valor de 135 millones de euros, mientras que a la vez han tenido que pagar los aranceles tras el brexit (territorios como Malvinas no entraron en el acuerdo de salida): casi 30 millones de euros en total entre los años 2022, 2023 y 2024.

Por otro lado, también se recomendó la opción de fraccionar el pago de esos 16 millones, con un primer abono del 60% correspondiendo con la primera campaña y un segundo del 40% para la segunda, de acuerdo al reparto habitual en las capturas.

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