El «Miguel Oliver» pierde su misión a Guinea-Bisáu por falta de fondos

La GUINEA BISSAU 1123 fue una campaña de evaluación de pesquerías demersales realizada por el buque oceanográfico Miguel Oliver, adscrito a la flota de la Secretaría General de Pesca, entre el 15 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023. Se trató de un proyecto emanado del acuerdo de cooperación suscrito entre Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministério da Agricultura e Pescas del país africano, amparado a su vez en los protocolos multianuales que han venido renovando Bruselas y Bisáu desde el año 1980. Este mismo barco, de 70 metros de eslora y capacidad para 45 personas a bordo, tenía que haber partido hacia las costas guineanas este pasado fin de semana para repetir misión, según han indicado a FARO miembros de la tripulación. Pero se ha quedado en uno de los muelles de Beiramar, en Vigo.

Según ha podido constatar este periódico en fuentes de toda solvencia, el parón del Miguel Oliver obedece a falta de financiación para esta campaña en particular. Achacable, en todo caso, a la cartera de Pescas e Economía Marítima de Bisáu, a cargo de Mario Musante. Porque las nuevas prospecciones podrían haber sido financiadas con cargo al acuerdo bilateral renovado en septiembre del año pasado, siempre y cuando se hubiesen formalizado las solicitudes en plazo. No ha sido el caso, ratifican estas fuentes. El nuevo protocolo de pesca entre el ejecutivo comunitario y el africano tiene vigencia hasta el año 2029 e incluye una dotación anual de 4,5 millones de euros por parte de Bruselas «para apoyar la estrategia nacional de pesca sostenible», incluyendo como actividad «prioritaria» la de un «fortalecimiento» de las evaluaciones científicas de las pesquerías y mejora de la infraestructura de gestión.

Este importe fijo se complementa con las tarifas que han de abonar los operadores con licencia: hay tasas específicas fijadas por tonelada para los distintos tipos de buques autorizados —arrastreros, camaroneros, atuneros o palangreros—, además de anticipos para acceder a las aguas jurisdiccionales guineanas. En suma, Bruselas cifra en 17 millones anuales el perímetro económico del protocolo en curso. Ahora bien, para conocer la revisión del estado de las pesquerías habrá que esperar, al menos para el caso de los trabajos que habían sido programados por el Miguel Oliver. FARO ha consultado a la Secretaría General de Pesca sobre el amarre no previsto de este oceanográfico sin que, a cierre de esta edición, hubiese obtenido una respuesta.

Relevo a investigación

El Miguel Oliver arribó a Vigo el 25 de octubre. En ese momento estaba previsto el relevo de la tripulación, cuya gestión está encomendada a Tragsatec (de Grupo Tragsa). Esta sociedad, de carácter público, ha abierto una investigación sobre esta misma embarcación por denuncias de acoso laboral, cuatro de las cuales desembocaron en baja médica por cuadro de ansiedad, como desveló este periódico. Desde Tragsa han explicado que «adoptará las medidas que considere oportunas, en el caso de que fueran necesarias, con el objetivo de garantizar, en todo momento, la seguridad y bienestar de las personas trabajadoras». No ha trascendido, de momento, el resultado de esa investigación.

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