La pesca y sus titulados chocan por la nueva norma que facilita ser patrón

El Boletín Oficial del Estado plasmó ayer al fin el Real Decreto que busca impulsar desde el papel el relevo generacional de los puestos de mando en el mar. Un texto que no ha sido recibido de la misma manera por la pesca que por los titulados, teniendo en cuenta que el sector se muestra favorable a aplicar las medidas que recoge la normativa —argumentando que así se combate la falta de mano de obra que padece la actividad—, al contrario de lo que opina el colectivo profesional náutico, que señala que la misma menoscaba la formación necesaria para su trabajo y compromete la seguridad.

Según recoge la iniciativa, entre las principales novedades se introducen «facilidades» para la obtención del título de patrón costero polivalente, además de reducirse de 12 a 9 metros la eslora mínima de los barcos en los que se pueden realizar los embarques precisos para obtener el título. Una reforma «muy demandada» desde la flota, esgrimió este martes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado remitido a los medios, asegurando que «favorece el desarrollo de la carrera profesional y facilita la incorporación de nuevas generaciones a la actividad pesquera, lo que garantiza la continuidad de un sector estratégico para la economía azul española».

En esa misma línea se pronunciaron ayer desde la Confederación Española de Pesca (Cepesca) en declaraciones a FARO, haciendo hincapié en que la nueva normativa tiene como meta «adaptar la regulación de los títulos profesionales a las necesidades que tiene el sector hoy en día». «Va a haber más patrones costeros polivalentes, favoreciendo así el relevo generacional. Todo ello sin poner en peligro la seguridad, pues como dice el propio Real Decreto el equipamiento de un buque de 9 metros de eslora es prácticamente el mismo que el de uno de 12», añadieron fuentes de la patronal.

No opina igual el presidente de la Asociación de Titulados Náuticos Pesqueros (Aetinape), José Manuel Muñiz, que asegura que esta medida sí va «en detrimento de la seguridad». «La pesca es uno de los sectores con mayor índice de siniestralidad, y la formación es un tema vital y de enorme rigor», comenta, recordando que «solo Galicia tiene más escuelas marítimo pesqueras que Francia y están llenas de gente», así como que la titulación que se imparte en ellas ha sufrido un menoscabo a lo largo de los últimos años como consecuencia de que «la Administración se ha arrodillado frente a la presión de los lobbies».

Desde la entidad censuran que el MAPA no haya recogido ninguna de sus alegaciones, entre las que advertían que «para ser capitán de un barco de 32 metros de eslora no pueden servir prácticas en buques de nueve metros». Proporcionalmente es como pasar de un coche a un camión. «Ya los 12 metros son escasos para la titulación que se les otorga a los patrones costeros polivalentes».

Vigo aplaude la medida

Dentro del sector, la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI) también valora positivamente las modificaciones que trae consigo el Real Decreto, que estima la mayor parte de las observaciones remitidas por la pesca olívica «introduciendo flexibilidades y simplificaciones en los procedimientos de aportación de capacidad o en expedientes de entrada de la misma». En cuanto a los cambios en la eslora, defiende que se realizan «con respeto escrupuloso de las obligaciones normativas de carácter internacional». Y de la misma forma celebra «la posibilidad de conseguir el reconocimiento de títulos que habiliten para ejercer como capitán o primer oficial, no solo con la superación de una prueba de conocimiento de la legislación marítimo pesquera española, sino también mediante la superación de un curso al igual que en la Marina Mercante», como pidieron.

Juana Parada, directora gerente de Orpagu, cree por su parte que la nueva norma «es una mejora», pero se queda corta si se tiene en cuenta la realidad de la flota de larga distancia que opera en terceros países. «Y es que ante una falta real de relevo esta flota se dota de tripulantes extranjeros que residen en sus respectivos países —dice la responsable—, pero la normativa nacional dificulta mucho su regularización».

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