Las principales ONG del mar critican la falta de control a la pesca no europea

Solo España cumple con el control a la pesca importada dentro de la Unión Europea. Bajo ese titular FARO denunciaba a comienzos del pasado mes de julio el auténtico coladero que supone Europa para los productos del mar de terceros países que pueden estar fomentando la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés). Una publicación posible gracias al dictamen realizado por el Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia (LDAC), que preside el vigués Iván López, y el Consejo Consultivo de Mercados (MAC), que daba a conocer que los Veintisiete recibieron cerca de 800.000 certificados de captura procedentes del extranjero entre 2020 y 2023, pero solo comprobaron el 0,3% de la mercancía e impidieron la entrada del 0,01%. Países Bajos, Dinamarca o Polonia aparecen como algunos de los Estados miembros incumplidores, persistiendo en hacer las cosas mal y ni siquiera alcanzar el umbral legal de inspeccionar, como mínimo, el 5% de sus desembarques. Una cifra irrisoria si se compara con los controles de España, que supera el 80% y se erige como ejemplo a seguir.

Se trata de una importante desigualdad sobre la que este miércoles se han manifestado las principales ONG del mar, reunidas en EU IUU Fishing Coalition (Coalición Pesquera). Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts y WWF presentaron un informe conjunto —que se nutre de los mismos datos divulgados por este periódico— en el que advierten que parte de los Veintisiete «están descuidando la investigación adecuada de los envíos de productos pesqueros procedentes de países de alto riesgo», comportamiento que expone a todo el bloque comunitario «a un alto riesgo de importar productos asociados a delitos contra las personas y el medio ambiente».

FARO lo confirmaba de nuevo hace solo unos días, en su edición del 20 de octubre, con una investigación que revelaba que al menos siete poteros y arrastreros chinos y dos congeladores coreanos tienen permisos para comercializar sus capturas en Europa pese a estar en listas de actividad ilícita o denunciados por maltrato. Es decir, que los buques sancionados por pesca ilegal o abusos laborales pueden vender en la UE con aparente impunidad. Sin represalia alguna.

En su informe, Fishing Coalition llama al Gobierno de Ursula von der Leyen a «exigir responsabilidades a los Estados miembros utilizando todos los instrumentos a su alcance». Hasta con multas. Es algo que Bruselas comenzó a hacer este verano, con el caso particular de Portugal, al comunicarle la apertura de un procedimiento de infracción por incumplir «sistemáticamente» la verificación del origen de la mercancía procedente de terceros países, permitiendo la entrada de «grandes cantidades de pescado de alto valor capturado mediante la pesca IUU».

El hecho de que algunos países hayan incumplido «incluso los controles más básicos sobre las importaciones» hace que el esfuerzo de España esté viéndose «socavado», apuntan las ONG. «El sistema de control de importaciones de la UE es tan fuerte como su eslabón más débil. Es necesario implementar controles de importación sólidos y armonizados en todos los Estados miembros».

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