Sin «parches» a la sangría de la pesca
La propuesta de Bruselas de recortar un 67% los fondos para la pesca cumple 100 días dejando una sensación de «inseguridad jurídica total» en un sector que se desangra en el plano laboral y urge apoyos para crecer. Solo el FEMP contribuyó a crear más de 37.000 empleos en los Veintisiete hasta 2023 y mantener otros 215.000. Trabajos cuyo futuro se complica si se ejecuta el hachazo anunciado.

Cerqueros atracados en el Puerto Pesquero de O Berbés, en Vigo. / Marta G. Brea
Esta semana se cumplieron los primeros 100 días de la última gran coz propinada por la Comisión Europea al sector pesquero comunitario. La sensación de impotencia de la flota es total en torno a la propuesta del Gobierno de Ursula von der Leyen, que plantea reducir en un 67% la asignación específica para la pesca para el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034). Después de estar cinco años peleando por un comisario dedicado en exclusiva a los intereses de la actividad y habiéndolo logrado —pasando del extremismo ambientalista de Virginijus Sinkevičius al afán de diálogo de Costas Kadis—, el sector no entiende cómo es posible que ahora el Ejecutivo comunitario haya presentado un hachazo que implicaría pasar de 6.100 a 2.000 millones de euros de presupuesto, además de acabar con el Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) tal y como se concibe fusionando la partida con otras en una nueva estructura financiera que obligará a la pesca a competir por el resto de las ayudas. La pesca se aboca a perder su identidad en Europa, su peso en las altas instituciones, en una legislatura que arrancó con la ilusión de estar recobrándola. Una identidad que hoy más que nunca urge poner en valor un sector que se desangra en el plano laboral.
A falta de profesionales europeos y con el auténtico salvavidas que supone para el sector la mano de obra extranjera, el otro gran parche que actúa como sostén es el dinero que Europa ha venido inyectando a la industria y los barcos en forma de apoyos, con el objetivo de reforzar su competitividad y garantizar la soberanía alimentaria de los Veintisiete. En el caso del FEMP —predecesor del Fempa y cuyos resultados ya han sido publicados por Bruselas—, las cifras hablan por sí solas. Entre 2014 y 2023 ha beneficiado a 226.500 pescadores, 30.000 embarcaciones y 117.000 pymes. En el campo del trabajo, además, ha contribuido a crear más de 37.000 empleos y a mantener otros 215.000. Puestos cuyo futuro se complica si se ejecuta la disminución prevista.
Conviene recordar que España es el país que más fondos recibe del Fempa por la dimensión del sector —uno de cada cuatro barcos europeos es español— y que Galicia —con la mitad de los buques nacionales— es la comunidad que más ayudas se lleva del conjunto del país. De los 6.100 millones de euros contemplados para el periodo 2021-2027, 1.120 recalaron en España y 366 en Galicia, cantidades que caerían hasta los 370 y 120 millones respectivamente de aplicarse una reducción proporcional a la anunciada para el próximo septenio. Solo en la autonomía se han impulsado más 9.000 iniciativas del sector del mar gracias a estos fondos, que llegan a las asociaciones sectoriales pero también a las organizaciones de productores pesqueros, a las cofradías y a los centros de investigación. Y quizá la mayor duda ahora reside en quién se verá más tocado por el recorte.
Es «una sensación de inseguridad jurídica total», apunta en declaraciones a FARO el director gerente de la patronal europea de los pescadores (Europêche), Daniel Voces. «No aceptaremos nada que suponga un paso atrás. Se trata de mejorar», agrega, habida cuenta de que todavía hay posibilidades de revertir esta escena.
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