Eurodiputados exigen no «premiar» a la flota de países con tarjeta amarilla

El sector primario europeo aporta solo el 30% del pescado y el marisco que cada año alimenta a los Veintisiete. Europa es deficitaria, no cabe duda, y esto es motivo de preocupación en las altas instituciones, conscientes de que esta situación se ha ido agravando a lo largo de las últimas décadas. «Deben aplicarse urgentemente medidas para reducir esta dependencia», recalca ahora una propuesta de resolución impulsada en el seno del Comité de Pesca (PECH) del Parlamento Europeo: el organismo que dentro del bloque comunitario se encarga, entre otras cosas, de elaborar informes y emitir dictámenes sobre las normas relacionadas con la pesca y la acuicultura. El hecho de que siete de cada 10 kilos que consumen los europeos provengan del extranjero es algo que confronta con «la seguridad de los alimentos y la soberanía alimentaria en la Unión», que son «innegociables». De ahí que el proyecto remitido a Bruselas bajo la ponencia del eurodiputado Paulo Do Nascimento Cabral incida en la necesidad de aprovechar mejor los totales admisibles de capturas, reducir el desperdicio y potenciar la producción acuícola, que solo representa el 10 % del consumo «y tiene la posibilidad de crecer». Pero también en combatir «la competencia desleal» de los terceros países que promueven una actividad insostenible en el plano medioambiental, económico y social.

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En este sentido se pronuncia el texto publicado hace unos días, que urge al Gobierno europeo —la Comisión— «que impida que los países que hayan recibido tarjetas amarillas [tras un examen minucioso] o rojas puedan beneficiarse del régimen de contingentes arancelarios autónomos». Los países con tarjeta amarilla —son ocho; Liberia, San Cristóbal y Nieves, Vietnam, Panamá, Senegal, Sierra Leona, Ghana y Ecuador, pendiente todavía de ver si consigue desprenderse de ella— son aquellos amonestados por la UE por no cooperar en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Los contingentes arancelarios, por su parte, son las rebajas sobre este tributo aprobadas por el Ejecutivo para abastecer a la industria procesadora europea con materia prima importada y que así pueda ser más competitiva.

La legislación que comprende al periodo entre 2024 y 2026 abarca a 903.600 toneladas de pescado extranjero al año, un 8,7% más que las 831.100 a las que favoreció su antecesora. Casi todo, a excepción de 15.000 toneladas, tiene un derecho contingentario del 0%. Es decir, está exento de pagar arancel.

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Por ahora, un país con tarjeta amarilla puede exportar pescado y marisco a Europa sin que su producto se quede sin este plus fiscal —salvo que se agote la partida beneficiada por la alta demanda, que es lo que ocurre con especies como el atún en lomos, que se termina los primeros días del año—. El PECH presiona así para que se deje de premiar a los países con flotas que no tienen una gestión ejemplar y lo hace solo dos meses después de que Bruselas abriese una consulta pública —el pasado mes de abril, vigente hasta el próximo 3 de julio— sobre este tema. «La Comisión está considerando posibles ajustes para abordar la sostenibilidad de los productos pesqueros importados», avanzaba la CE.

«La competencia desleal en el sector, especialmente por parte de terceros países, se ve intensificada por los retos sociales, en particular por las condiciones contractuales y las cuestiones laborales, y un nivel deficiente en materia de seguridad, higiene y condiciones de trabajo a bordo de los buques pesqueros», recoge el informe del Comité de Pesca del Parlamento. El organismo pide complementar el veto de las rebajas arancelarias a naciones amonestadas con un refuerzo de los controles y la trazabilidad —armonizando ambas en toda la UE—, el uso 100% operativo del sistema eCatch, y la creación de sellos de garantía equivalentes a los estándares europeos y un etiquetado obligatorio para todos los productos: origen, si son de cría o salvajes, valor nutricional y cumplimiento de la normativa comunitaria. Defiende además que todas las importaciones se registren, incluso de países no cooperadores, para facilitar la posible imposición de «aranceles retroactivos».

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