La norma de descartes no llegó a su «máximo potencial» 10 años después

La Comisión Europea publicó ayer un estudio independiente que evalúa el rendimiento de la obligación de desembarque, la normativa que se introdujo en 2015 para frenar los descartes pesqueros. Cinco años después de su plena implementación, el estudio concluye que esta obligación «no ha alcanzado su máximo potencial», según Bruselas.

La CE reconoce que el sector pesquero, las autoridades nacionales y las instituciones científicas «realizaron importantes esfuerzos para innovar en artes de pesca, tecnologías y prácticas para reducir las capturas no deseadas». Sin embargo, señala que «el estudio muestra que existen algunos desafíos en la efectividad del objetivo de la obligación de desembarque de eliminar gradualmente los descartes».

Como «posibles factores limitantes», el informe apunta a incentivos insuficientes para que los pescadores cumplan, herramientas ineficaces de seguimiento y cumplimiento, desafíos para mejorar la selectividad de especies y artes de pesca y, especialmente, los conflictos denunciados por el sector en su momento entre la viabilidad económica y la caída de capturas comercialmente valiosas al aumentar la selectividad.

Según Bruselas, el estudio se inició en 2024 y sus resultados se incorporarán a la evaluación continua del reglamento de la Política Pesquera Común (PPC). Sus resultados se debatirán ahora con las partes interesadas, para lo que la Comisión organiza un evento on line que tendrá lugar el 8 de julio y que servirá para recoger opiniones sobre los hallazgos.