El roto de las 87 vedas a la pesca de fondo: éxodo de 14 buques y un 30% menos de descargas

El veto de Bruselas a la pesca de fondo, validado por el TJUE, cercenó la pesca gallega de merluza, rape o rapante y aumentó la «fuga» de barcos de Gran Sol a países de África

Barcos arrastreros congeladores de las flotas de Gran Sol (en primer término, el Manuel Laura) y Malvinas en el muelle de Beiramar

Barcos arrastreros congeladores de las flotas de Gran Sol (en primer término, el Manuel Laura) y Malvinas en el muelle de Beiramar / Alba Villar

Vigo

La merluza es una de las muchas joyas culinarias de Galicia que la flota pesquera lleva siglos capturando, incluso en aguas muy lejanas donde la especie no es tan apreciada. Sin embargo, el caladero principal, por proximidad, es el de Gran Sol. En la histórica zona de pesca, los arrastreros y pincheiros (palangreros de fondo) llevan décadas y décadas buscando este recurso al lado de otros de gran valor en lonja como el rape o el rapante (o gallo). Por este motivo, las 87 vedas a la pesca de fondo establecidas por la Comisión Europea en octubre de 2022 para la protección de ecosistemas marinos vulnerables (VME, vulnerable marine ecosystems) generaron un agujero importante a la comunidad y su sector pesquero. Desde su polémica implantación, se dio un éxodo de casi una quincena de buques y las descargas de estas tres especies principales disminuyeron en un 30%. Para el Tribunal General de la Unión Europea, en cambio, medidas como estas no precisan de impacto socioeconómico previo, como plasmó en la sentencia conocida el miércoles con la que se tumbaron los recursos de España y la flota al reglamento que estableció los cierres.

La resaca de la comunicación de la justicia europea todavía colea entre los armadores. La patronal española, Cepesca, mostró ayer «su decepción» por la sentencia, sumándose así a lo expresado por la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA). «La CE no evaluó la fragilidad de los ecosistemas en función del tipo de arte de pesca utilizado (...) ni valoró las consecuencias de las medidas de conservación sobre la actividad pesquera y la vida económica y social», lamentaron desde la asociación.

Las ventas

No obstante, el daño al sector que niega el tribunal y que lleva todo este tiempo negando Bruselas es cuantificable. De acuerdo a los datos de la Plataforma Tecnolóxica de Pesca, dependiente de la Consellería do Mar, las descargas de merluza, rape y rapante cayeron un 30% entre 2022 y 2025. De acuerdo a los datos recogidos en las lonjas de la comunidad, se pasó de 20.457 toneladas de estas especies (entre octubre y junio) pasando por las 17.189 toneladas del siguiente curso y hasta las últimas 14.731. Un fuerte descenso, continuado, que va más allá de posibles caídas por tormentas u otros problemas climáticos.

Esta caída en las descargas, también fruto de otras restricciones de la UE como la aplicada para evitar interferencias con los delfines en el caladero Cantábrico Noroeste, dejaron también un roto en las ventas. La subida del precio medio del 30,5% (de 4,2 euros el kilo a 5,51 euros) no logró compensar el bajón en la cantidad, pasando de 86,3 a 81,1 millones de euros en los mismos períodos analizados, un 6% menos.

Fuga de buques

De forma paralela, en el mismo período de tiempo la flota continuó menguando. Desde octubre de 2022 fueron un total de 14 los buques que dejaron de formar parte de la flota gallega, de los que cinco eran precisamente de un segmento de flota muy afectado por los cierres, como es el palangre de fondo. En el éxodo recogido por el registro comunitario de la flota pesquera figuran nombres como el Flecha de Celeiro, el Mercedes Emilia de Vigo o el Alannah Riley, arrastrero en este caso, también con base en la ciudad olívica. El destino preferente de estas 14 unidades fueron países africanos como Namibia, Marruecos o Mauritania.

Ahora está previsto que los datos continúen disminuyendo en el caso de las descargas y aumentando en el caso de la fuga de buques. Como analizó este medio, el fallo del tribunal europeo da vía libre a Bruselas para no solo ampliar la prohibición, como recomendaron ya desde el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés), sino para hacerlo sin tener que evaluar antes el impacto socioeconómico y sin tener que hacer distinción entre el arrastre y el palangre, pese a que el impacto de este último en el fondo y, por tanto, en los VME, es prácticamente nulo.

La Xunta evaluará con el sector posibles «opciones de recurso»

La nueva conselleira do Mar de la Xunta, Marta Villaverde, se ha unido a la «decepción» esgrimida por el sector a través de la patronal Cepesca tras la sentencia que avala las 87 áreas de veda a la pesca de fondo. «Esperábamos que pudiera corregir unas decisiones que fueron para nosotros equivocadas», ha señalado en declaraciones a los medios, con motivo de su participación en el III Foro Azul Mar de Mares.

También ha explicado que están estudiando «con profundidad» todos los términos de la sentencia y ha insistido en que el Ejecutivo gallego está «de la mano» con el sector pesquero afectado y en contacto con él. «Intentaremos ver las posibles opciones de recursos, de respuesta para intentar revertir los efectos negativos que, a priori, parece tener esta sentencia recibida ayer». De la misma, y al ser preguntada por las críticas del sector al fallo, y como denunciantes, la conselleira ha aseverado que «se basa en cuestiones ambientales».

«La política pesquera común dice que las decisiones institucionales deben estar tomadas en informes ambientales, económicos y sociales, consideramos que no se está teniendo en cuenta la parte social y económica de la pesca, es lo que nosotros peleamos, que se tengan en cuenta las tres patas que velan por la sostenibilidad de nuestro sector pesquero, que es un sector estratégico para Galicia», ha añadido.

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