Cerrada con 600.000 euros de multa la causa del pirata «Viking»

El Supremo rechaza el recurso del armador, de A Coruña, y considera probada su «actividad de pesca ilegal continuada en el tiempo»

El pesquero fue dinamitado

El pesquero «Viking»,  dinamitado por el Gobierno  de Indonesia en marzo  de 2016.

El pesquero «Viking», dinamitado por el Gobierno de Indonesia en marzo de 2016. / Sea Shepherd

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

Viking fue solo uno de los más de media docena de nombres que fue luciendo en el casco este palangrero desde su construcción, en 1987. Casi tantos como banderas de conveniencia: tuvo pabellón de Togo, de Japón, Mongolia, Honduras o Guinea Ecuatorial. Para aderezar más su exotismo, en torno a este pesquero funcionaron —para lucrarse con prácticas ilegales— empresas pantalla de Panamá, Hong Kong... y la sociedad limitada Insuabela, constituida en 2001 y domiciliada en la entreplanta de un edificio de Ribeira.

En marzo de 2017 el Ministerio de Pesca español impuso a su armador una sanción de 600.000 euros por pesca ilegal, así como su inhabilitación para dedicarse a actividades pesqueras durante seis años y otros siete años de imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas. De aquel procedimiento ha emanado ahora una sentencia en el Tribunal Supremo, con fecha del 10 de febrero, en la que queda ratificado que este empresario actuó, con el Viking, al margen de la ley, utilizando empresas pantalla «para evitar que se le vinculara con los hechos».

El fallo del Alto Tribunal —Carlos Lesmes ha actuado de ponente— ha rechazado los recursos interpuestos por el empresario: «Ninguno de ellos está justificado, por lo que el recurso de casación no puede prosperar». En el expediente inicial, ahora ratificado, el ministerio fijó «las pruebas de culpabilidad son concluyentes» en relación a la actividad ilegal del Viking en la cotizadísima pesca de merluza negra en aguas antárticas. Que existía un «complejo entramado» con cuatro buques fichados por pesca ilegal, entre ellos el Viking, y cuya propiedad quedaba enmarañada entre las empresas Insuabela, Cazenove Internacional y Trancoeiro Fishing, estas dos últimas con domicilio en Panamá. Trancoeiro está vinculada al Thunder, otro histórico de la pesca ilegal; en los registros mercantiles panameños consta Juan Antonio Argibay como director. En la maraña de mercantiles vinculadas al proceso figuran también Enton Limited (Hong Kong), Lastiff SL (Ribeira), Song of Sea Fishing (con registro de contribuyente 2125053-1-760982, consta en la lista de morosos de Panamá) o Vicrob Investments (disuelta en Sudáfrica en 2016).

Lista de pesqueros pirata

Dado que el expediente en contra del Viking consideró que su actividad ilegal se prolongaba en el tiempo, se le podía aplicar la sanción máxima prevista en la ley: «como mínimo el óctuplo del valor de los productos de la pesca obtenidos cometiendo la infracción grave», amén de incluir «el valor del perjuicio a los recursos pesqueros». Y la actividad de este buque era muy rentable. Considera probado la justicia que, solo entre agosto de 2010 y mayo de 2011, computó unos ingresos brutos de más de 7,6 millones de dólares (casi 6,8 millones de euros, al tipo actual de cambio), que fueron repartidos entre el acusado (en un 75%) y otros dos socios.

Aunque el empresario consideró que la multa era «desproporcionada» y que le privaba de su modo de vida a futuro, el abogado del Estado ratificó que «no se ha sancionado un incumplimiento puntual [...] si no la participación en una actividad de pesca ilegal continuada en el tiempo durante varios años». Más aún, abundó: «No se trata de una infracción que pueda cometer cualquier persona, sino solo a través de los buques incluidos en una lista» cerrada de pesqueros piratas compartida a nivel global.

El Viking fue dinamitado por el Gobierno de Indonesia en 2016 tras detener a su tripulación.

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