El CSIC multa a la firma que prescindió de la observadora que denunció acoso

La Comisión Delegada de Igualdad (CDI) es un órgano interno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuya misión es el «diagnóstico y propuesta de actuaciones en materia de igualdad que afectan al conjunto de empleados públicos» de la institución. Entre sus cometidos está, por ejemplo, la «elaboración, seguimiento y actualización» del protocolo contra acoso sexual y por razón de sexo, renovado hace un año tras la desaparición de María del Carmen Fernández Vázquez a bordo del oceanográfico García del Cid. Esta comisión, en la que están presentes sindicatos y que sesiona periódicamente, se reunió por última vez el pasado 30 de abril. Uno de los asuntos tratados fue la imposición de una sanción económica a la empresa Investigación, Planificación y Desarrollo (IPD), a la que el CSIC subcontrata los trabajos de muestreo en el mar con observadores. La empresa que, como desveló FARO, desembarcó de un atunero a una de sus trabajadoras tras haber denunciado, en diciembre, un caso de acoso.

Esta multa, no obstante, no tiene vinculación directa con la gestión que IPD hizo con esta observadora. Un proceder del que, según indicaron desde esta compañía, mantuvo informado al CSIC «en todo momento». La sanción, indicaron fuentes sindicales —y así remitió por escrito una de las centrales en una comunicación interna, a la que ha tenido acceso este periódico—, ha sido impuesta porque IPD ha estado operando —singularmente, para varias administraciones públicas— sin disponer de un protocolo contra acoso sexual. La multa, abundaron las mismas fuentes, supera los 100.000 euros. A preguntas de FARO, la institución que preside Eloísa del Pino se ha limitado a indicar que «se ha actuado de acuerdo al contrato firmado entre el IEO [Instituto Español de Oceanografía, integrado en el CSIC] y la empresa». La penalización es por una «falta grave», de acuerdo a los sindicatos; CC OO, CIG, CSIF y UGT tienen representación en esta comisión delegada.

La empresa

IPD es la compañía de referencia para la contratación de observadores científicos y a día de hoy es la encargada de prestar el «servicio de asistencia para el muestreo a bordo (OAB) de buques pesqueros y de investigación». Es un contrato público que va por su cuarta prórroga, firmada el pasado octubre y con vigencia hasta el ejercicio 2026. El valor estimado de este pedido —firmado inicialmente en enero de 2021, con las sucesivas prórrogas— asciende a 11.326.554,05 euros.

En los pliegos de este contrato público (número de expediente 202000000076) consta, en su apartado 23, las «condiciones especiales de ejecución» para la empresa adjudicataria, que ha de cumplir de acuerdo al artículo 202 de la Ley Contratos del Sector Público. Y esos pliegos dicen lo siguiente: «No más tarde de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que se formalice el contrato, el representante de la empresa deberá presentar una propuesta, que deberá ser aprobada por el IEO, donde especifique las medidas previstas y el seguimiento y evaluación de las mismas que garanticen la igualdad en el acceso al empleo, la retribución, la promoción, la formación y la permanencia, así como la prevención del acoso sexual en el trabajo».

«Una mujer no pinta nada en un barco, solo dais problemas»

Como ya publicó FARO, el protocolo contra el acoso de IPD se formalizó años más tarde de esta adjudicación en particular. En su encabezado —consta de 24 páginas— está fechado a 10 de enero de 2025. Esto es, por ejemplo, después del caso de la observadora desembarcada de un buque atunero en el puerto africano de Abidjan. Esta trabajadora contrato fijo-discontinuo: cuando no está a bordo no tiene ingresos. Y no ha vuelto a subir a un pesquero desde que fue emplazada a bajar de éste, el pasado enero, pese a que tenía el compromiso de repetir otra campaña. Cuando este periódico divulgó su caso, con fecha del 18 de enero, fuentes de IPD aseguraron que esta observadora había tenido que desembarcar «porque el barco va a puerto a descargar y con avería, por lo que se da por finalizada la campaña al haberse cumplido los objetivos de la misma». Pero el atunero no paralizó sus operaciones y abandonó Abidjan pocos días después, el 9 de enero.

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