El veto a la pesca de fondo, a examen

Cuando Bruselas activó el Reglamento de Ejecución 2022/1614, en septiembre de 2022, quedó vetada la actividad pesquera a una profundidad superior a los 400 metros en 87 polígonos de aguas comunitarias. En suma, algo más de 16.500 kilómetros cuadrados en los que, a juicio de la Comisión Europea, «existen o es posible que existan ecosistemas marinos vulnerables» (VMS o vulnerable marine ecosystems). Aquella decisión, largamente criticada, se adoptó a ciegas, como desveló FARO en los primeros días de su entrada en vigor. Por tres motivos: no se había realizado un informe de impacto socioeconómico, se desconocía —y todavía se ignora— la huella de artes como el palangre y la disposición de las áreas tenía graves errores de batimetría, hasta el punto de que casi la mitad de ellas tenían zonas que no llegaban en ningún caso a esos 400 metros de profundidad. En ningún caso se planteó Bruselas una moratoria o la reformulación de la superficie afectada porque, como destacó el entonces comisario de Pesca a este periódico, Virginijus Sinkevicius, la normativa comunitaria no exige contar con un informe previo de impacto antes de promulgar un acto de ejecución como éste.

Golpe a la flopa

En sucesivos estudios oficiales los técnicos de Bruselas sí fueron evidenciando que la Comisión «subestimó» el golpe a la flota o que, frente a diagnósticos benévolos, un veto de estas dimensiones sería un golpe necesariamente «significativo». Tampoco hubo marcha atrás y el Ejecutivo comunitario, frente a lo que había defendido desde el inicio, no realizó una revisión anual de estas áreas marinas vulnerables, o pretendidamente vulnerables. El Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca de la alta institución comunitaria (CCTEP; Stecf, en inglés), en abril del año pasado, advirtió, por ejemplo, lo siguiente: “No se analizaron en su totalidad los impactos sobre los buques artesanales de España, ni tampoco se completaron análisis del desplazamiento del esfuerzo pesquero”. Un año antes, el mismo comité expuso que “las propuestas de nuevas áreas de veda adyacentes a los caladeros pueden generar un riesgo de esfuerzo pesquero por desplazamiento”, como también desgranó este periódico. «El umbral establecido por los científicos para áreas específicas etiquetadas como VME puede causar impactos económicos significativos», abundaba.

Los científicos cifran el daño de las vedas para la flota en hasta 16 millones anuales

Fue en febrero de 2024, año y medio después de la implantación de las vedas, cuando Bruselas decidió crear un grupo de expertos para evaluar el impacto en la flota. Su misión consiste en presentar un documento que, para la máxima responsable de la DG Mare, Charliva Vitcheva, pondrá de manifiesto el mayor esfuerzo realizado nunca por parte de la Comisión porque se tendrán en cuenta los datos no solo de organismos científicos, sino de la propia flota. Este trabajo se presentará este mes, como ha garantizado el nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, en una respuesta parlamentaria a la eurodiputada nacionalista Ana Miranda fechada el pasado día 7.

Bruselas, sin datos científicos contra la pesca de fondo: “Se ignora su impacto”

Cuestionado por si «la Comisión tendrá en cuenta el impacto social de esta medida, la revisará y permitirá la pesca de arrastre de fondo», Kadis no fija una posición clara. «En 2023, los resultados preliminares mostraron que las vedas representan menos del 10 % del valor añadido bruto para los segmentos de la flota afectados», apunta, en relación con un estudio elaborado por el mismo Comité Técnico. Aquellos «estudios preliminares» de 2023 cuantificaron el impacto económico para la flota en hasta 16,6 millones de euros anuales. Constataron también que “la flota española es, con diferencia, la más impactada”. El Gobierno abrió un litigio contra Bruselas en el tribunal europeo, así como la flota palangrera lucense (la Xunta actúa como parte coadyuvante).

«La Comisión ha solicitado al CCTEP que prosiga el análisis a nivel de cada buque para obtener una mejor percepción a nivel regional y local. Se espera que el CCTEP emita su dictamen final a más tardar en marzo de 2025, que incluirá observaciones específicas de las partes interesadas a través de los consejos consultivos», zanja Kadis.

Suscríbete para seguir leyendo