Bruselas analizará a la conserva antes de un acuerdo comercial con Bangkok
Kadis garantiza que se escuchará a las «partes interesadas» por la entrada de producto de Tailandia | El país asiático desanda sus avances contra la pesca ilegal en plena negociación
Plantilla de la compañía conservera tailandesa Golden Prize. | GPrize
En abril de 2015 la Comisión Europea emitió una «tarjeta amarilla» a Tailandia por no estar combatiendo de manera efectiva la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés). Se trata de un apercibimiento que puede derivar en la prohibición de la venta de pescado en el mercado europeo y que, a día de hoy, mantienen países como Ecuador, Panamá o Gambia.
Bangkok reaccionó a la decisión de Bruselas con una revisión de sus leyes pesqueras, con fuertes sanciones para la pesca ilegal o la obligación de declarar las tripulaciones. Ahora el Gobierno de Paetongtarn Shinawatra, con el respaldo de buena parte del arco parlamentario, ha validado una reversión de aquellas normas por la presión que han ejercido sobre los pescadores tradicionales, que han seguido sufriendo además los efectos de la intensa actividad de los grandes arrastreros pelágicos.
Una marcha atrás que, a juicio del propio sector, volverá a espolear la pesca ilegal y el trabajo forzoso, incluso a pesar de las negociaciones por el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
Un pacto que provoca una preocupación indisimulada en la industria conservera europea porque Tailandia es la mayor productora mundial de conservas de atún. El eurodiputado gallego Nicolás González Casares ha cuestionado al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, por esta nueva legislación y por las medidas que prevé adoptar Bruselas para «proteger» al sector conservero europeo.
«A medida que las negociaciones se encuentren en una fase más avanzada, se llevará a cabo una evaluación del impacto sobre la sostenibilidad con el fin de proporcionar un análisis en profundidad de sus posibles repercusiones económicas, sociales, medioambientales y en materia de derechos humanos», ha apuntado Kadis. Los populares europeos, por ejemplo, han reclamado ya que se retire la conserva de los productos beneficiados por el futuro acuerdo comercial.
En el ejercicio 2024, de acuerdo a los datos del sistema Comtrade de la ONU, Tailandia exportó productos de conserva y de elaborados de pescado por importe superior a los 3.200 millones de dólares (2.973 millones de euros, al tipo actual de cambio), casi un 15% más que el año anterior. Estados Unidos es su principal mercado, por delante de Japón y Australia.
Los cambios
Dentro de los cambios impulsados desde Bangkok para la reforma de sus leyes pesqueras está la rebaja abrupta de las multas por operar en áreas marinas protegidas, que pasarían de más de 820.000 dólares a menos de 14.000. La flota podrá volver a realizar transbordos de personal en alta mar y se ha retirado la obligación de notificar la lista de tripulantes, de ahí los temores hacia más situaciones de trata de personas en pesqueros.
Lo expone también González Casares en su pregunta, respondida este lunes. «Reduce [por esta legislación, aprobada en diciembre] los estándares fijados en la normativa vigente en cuestiones como tamaño de mallas, transbordos pesqueros en alta mar, controles laborales o reducción de sanciones».
« La Comisión está siguiendo de cerca la actual revisión de la Ley de Pesca de 2015. En varias ocasiones, Tailandia ha sido informada de que no sería aceptable ninguna relajación sustancial de la normativa en vigor sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada», expone Kadis en su contestación, por escrito. Apunta el comisario que Bruselas tiene instrumentos para detectar y tomar medidas si se demuestran ilegalidades.
«El Reglamento sobre el trabajo forzoso facultará a la UE para prohibir productos y retirarlos del mercado único si se demuestra que están realizados con trabajo forzoso. La Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad también garantizará que las empresas solucionen en sus cadenas de valor, dentro y fuera de Europa, cualquier efecto adverso de sus acciones en lo que respecta a los derechos humanos, los derechos laborales y las consideraciones medioambientales», asegura.
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