«Caso Loitador», una causa malvina

E. Thiam, de nacionalidad senegalesa, embarcó en el pesquero vigués Loitador el 15 de febrero de 2017. Lo hizo en Cabo Blanco, Mauritania, tras coger un vuelo desde su país natal. Según obra en la causa que se instruye desde el Juzgado Federal de Caleta Olivia, en la provincia argentina de Santa Cruz, iban otros 14 compatriotas a bordo como marineros, además de un mauritano y 11 indonesios. El 5 de junio, y tras «cuatro meses de trabajos forzosos» a bordo —siempre según la acusación del Ministerio Público—, fue evacuado en un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina con un cuadro de dolor intenso en el pecho, con pérdida de visión y dificultad para respirar. Fue la doctora que atendió al tripulante, de 35 años en ese momento, quien interpuso una denuncia que derivó en una orden de detención contra el capitán del pesquero, español de 56 años, materializada el pasado diciembre. Pero el motivo por el que la justicia del país ha perseverado en estas complejísimas diligencias —intervino la Interpol para identificar al capitán, primero, y poder realizar la detención, después— no obedece al hecho de que la evacuación se hubiese producido dentro de sus 200 millas de aguas jurisdiccionales. Aquí ha sido determinante una cuestión patriótica.

Casi tres meses después de la evacuación de E. Thiam, el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, dictaminó que «corresponde la aplicación de la ley penal argentina para investigar un caso por posible trata de personas con fines de explotación laboral» a bordo del Loitador. La razón hay que buscarla en las Malvinas (o Falklands, que es la denominación que adopta el propio territorio), reivindicadas como de titularidad argentina en su Constitución. En concreto, Colla explicó que “las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son parte del territorio argentino sobre el cual la República Argentina es titular de derechos soberanos, por lo que huelga poner de relieve que sobre dichos territorios resulta aplicable el sistema jurídico argentino». El hilo que tejió este fiscal entre el Loitador y las Malvinas es que el buque, de Profesionales Pesqueros SA, «arribó en dos oportunidades» a Port Stanley durante ese mismo 2017, en los meses de marzo y abril, «período temporal en el que el hecho delictivo —ese presunto caso de trata con fines de explotación laboral— se habría consumado».

Porque, en efecto, el arrastrero vigués entró en aguas nacionales solo para proceder a la evacuación del marinero y cuando éste ya estaba gravemente enfermo, de acuerdo al parte médico. El Loitador estaba fuera de las 200 millas cuando solicitó la asistencia médica y fue autorizado a entrar en dominios argentinos para acelerar el operativo de rescate. Que esos presuntos trabajos forzosos se estén investigando en Argentina obedece a que, en definitiva y según la Fiscalía de Caleta Olivia, fueron paralelos a esas dos escalas realizadas en Malvinas. Sus Malvinas.

La armadora

La compañía propietaria del buque ha rechazado de plano las acusaciones del marinero, y desde el mismo momento en que la justicia argentina decidió iniciar las investigaciones bajo el supuesto de un caso de explotación laboral. Incluso aludió también a una «cuestión política» por el vínculo con las Malvinas. Así lo expuso al portal digital argentino Mar & Pesca el entonces agente marítimo de la armadora, Alberto Braida, en una noticia publicada el 26 de junio de 2017. «Aquí hay algo que no comprendemos, se han dicho cosas que no son ciertas respecto a la comida, porque los análisis estaban en perfectas condiciones, y tampoco estaba desnutrido porque estuvo dos días internado en el hospital, y si hubiera maltrato o privaciones de alimentos los otros marineros ya lo habrían denunciado, pero nada de eso ocurrió», abundó en aquel momento. «Reiteró que la denuncia efectuada por la directora del hospital carece de solidez y no puede ser tomada en serio porque si hubiera maltrato la compañía no hubiera pagado los 12,500 dólares por la aeroevacuación», publicó el medio local.

Detenido el capitán de un pesquero gallego por esclavitud a bordo

Profesionales Pesqueros reitera ahora esta misma postura, después de que la Fiscalía argentina hubiese difundido esta semana la detención del capitán del Loitador. Tacha de «infundadas» las acusaciones del marinero, y niega también que haya más víctimas —la Fiscalía alude a al menos otras tres— porque solo se cursó una denuncia. El capitán está en libertad provisional y será la Audiencia Nacional, tras una vista, la que decidirá si procede o no una extradición para que se le tome declaración en Argentina.