El Gobierno inicia el examen a la flota para evaluar un plan subvencionado de desguaces

«Es verdad que he mantenido durante todo este tiempo, estos seis años en el ministerio, una visión muy cerrada en torno a ese tema, porque siempre he pensado que un barco que se desguaza es un barco que no es reemplazado por otro. Pero hay que ser realistas también». Estas fueron las palabras, en la antesala de la pasada edición de Conxemar, del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Respondía así a FARO sobre la necesidad de articular, a juicio de buena parte del sector, un plan subvencionado para el achatarramiento de buques de pesca en España. En la misma conversación anticipó una «nueva evaluación general del estado de nuestra flota» a fin de determinar si existe o no «sobrecapacidad» respecto a las posibilidades reales de capturas. Y ese análisis acaba de comenzar, según han confirmado a este periódico fuentes de su departamento. El último estudio disponible «sobre el equilibrio entre la capacidad pesquera de la flota y las posibilidades de pesca» se realizó en base a datos de 2022, que estarían ya desfasados habida cuenta del impacto de normativas comunitarias como la del veto a la pesca de fondo.

Hasta la fecha, los segmentos de flota que estaban en rojo por desequilibrio —más capacidad que cupos— se limitaban principalmente a pesquerías del Mediterráneo y el Golfo de Cádiz. Pero el rejonazo de Bruselas a artes como el palangre, amén de la falta de competencia leal y la caída de la cotización en primera venta de especies como el espada o la tintorera, pone ahora el foco sobre este arte de pesca. La propia flota de palangre —en este caso, de superficie— presentó al ministerio un plan para un desguace ordenado: hasta 45 embarcaciones están en disposición de pasar por la cuchilla, lo que representa más de un tercio de todo este segmento de actividad extractiva. Pero también el cerco, con severas dificultades para garantizarse un nivel óptimo de actividad durante todo el año, ha exhibido señales duras de agotamiento.

La última propuesta de Real Decreto del Gobierno que fijaba ayudas para la paralización definitiva de pesqueros se distribuyó en 2023. No solo no se materializó, sino que era idéntica a la de 2015 (Real Decreto 1173/2015). Este borrador, en todo caso, limitaba el pago de las ayudas «para los buques que se encuentren en un segmento en desequilibrio del Plan de Acción», no de manera discrecional a criterio de cada empresa armadora. Para un palangrero de superficie guardés de 18 metros de eslora y 65 toneladas de arqueo (GT), el importe de la subvención rondaría lo 230.000 euros. En el caso de un arrastrero como los que operan en Gran Sol —con 37 metros de eslora promedio y 370 GT—, la ayuda sería de 1,28 millones de euros.

Las horquillas de máximos están por debajo de los umbrales fijados por los gobiernos de Irlanda y Francia para llevar a cabo su propio plan de achatarramiento de buques, motivado por el impacto directo del Brexit. El arrastrero Skellig Light II tenía capital vigués pero portaba pabellón irlandés: la armadora percibió 1.546.255,5 euros en aplicación del denominado Brexit Voluntary Permanent Cessation Scheme. Si se hubiese acogido a las ayudas tal y como las planteó por última vez el Gobierno de España, el desembolso habría sido notoriamente inferior, de 1.123.308 euros. El Skellig Light II tenía algo más de 33 metros de eslora y 325 GT; fue desmantelado en el muelle de El Musel, en Gijón. Las ayudas, tanto las que eventualmente se puedan desplegar en España como las ya desembolsadas en Irlanda se articulan siguiendo los preceptos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). Y también las de Francia, que retiró 90 unidades de circulación —la mayoría, de la Bretaña— tras la desconexión de Reino Unido de la Unión Europea.

El sentir de la flota no es unánime en absoluto. Armadoras que operan en Gran Sol emplazan a la administración a trabajar en defensa de su actividad, con el objetivo de anular el veto a la pesca de fondo —judicializado a iniciativa del Gobierno central y la flota lucense, con la participación de la Xunta— o redimensionar las vedas en aguas galas por la protección a los delfines. O, de cara al futuro, contener la intensidad de futuras actuaciones que continúen limitando la pesca sin el amparo de estudios de impacto.

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