Inpesca demanda a su expresidente Arrién por el roto del crac de Atunlo

Lanza una acción social de responsabilidad para resarcirse del «daño patrimonial sufrido» con la pesquera viguesa

La armadora da un valor de cero a su participación en el grupo

Instalaciones de Atunlo en Beiramar

Instalaciones de Atunlo en Beiramar / Fdv

Lara Graña

Lara Graña

Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) sumaba un patrimonio superior a los 126,7 millones de euros a cierre del ejercicio 2022. El derrumbe de su participada Atunes y Lomos (Atunlo), de la que posee el 40% del capital social, dio un mordisco multimillonario a esta partida al año siguiente, hasta los 94,4 millones de euros. ¿El resultado neto? Negativo en otros 27,5 millones, como desveló FARO. Inpesca reaccionó sin titubeos: decidió deteriorar al completo su inversión en el patrimonio de la pesquera viguesa (4,94 millones), también de toda la partida de préstamos y avales y las facturas pendientes de cobro. Una deflagración controlada con un mayúsculo parte de daños frente al que ahora quiere resarcirse, en medio de las negociaciones de la propia Atunlo para tratar de sacar adelante su propuesta de convenio y evitar, a la postre, su desaparición. La armadora de Mundaka, cuya accionista más destacada es Albacora —a través de la mercantil Euskaltuna—, ha puesto nombre y apellidos al responsable de su roto: Guillermo Arrién Zulueta, expresidente de la propia Inpesca.

La armadora ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el 25 de febrero en la que abordará, en primera instancia, el «ejercicio de una acción social de responsabilidad» contra Arrién Zulueta «para el resarcimiento del daño patrimonial sufrido [...] tras el impacto económico registrado en 2023». Será el punto número 1 de la orden del día. La demanda está vinculada «a sus relaciones accionariales y comerciales con la mercantil Atunlo», concreta la convocatoria remitida a los socios. «La acción social de responsabilidad está pensada para que la sociedad se resarza de un daño que un administrador le ha causado», acotan fuentes jurídicas, que abundan que «se basa en que ha existido un incumplimiento de las obligaciones que debe ejercer para la buena gestión de una empresa». Está regulada en la Ley de Sociedades de Capital.

Arrién fue presidente del consejo de Inpesca hasta enero del año pasado, cuando fue reemplazado por José Ignacio Madariaga en medio de sonoras diferencias entre los accionistas. Ahora bien, resultará complejo acotar la responsabilidad sobre este único directivo, al menos en el caso de que el consejo de Inpesca hubiese estado al tanto de operaciones de inversión potencialmente perjudiciales para la compañía o dado su «OK» a la aprobación de cuentas de Atunlo. Como también desgranó este periódico, y según la administración concursal (ADV), la pesquera encubrió pérdidas ya en el ejercicio 2022 al no haber deteriorado el valor de mercancía por casi 40 millones de euros; se trataba de mercancía que llevaba más de 100 días en cámaras frigoríficas, de ahí la necesaria depreciación del valor a nivel contable. «Si la concursada [por Atunlo] hubiese deteriorado las existencias en el año 2022 de acuerdo con esta sobrevaloración, el resultado del ejercicio hubiese sido de unas pérdidas considerables en lugar del beneficio obtenido». Arrién consta todavía en el Registro Mercantil como presidente del consejo de administración de Atunlo, en el que también consta su hijo Jonatan.

En lo que respecta al golpe encajado por Inpesca, la nómina de perjuicios es abultada. Primero, con la reducción a cero de la participación (equity), que equivale a una depreciación contable de casi 5 millones de euros. También deterioró al completo una partida de pasivo corriente (a corto plazo) por otros 6,78 millones de euros, que se corresponde con saldos pendientes de pago a la banca y que estaban avalados por Inpesca. Por último, dio por perdidos todos los saldos comerciales con Atunlo: no cobrará, o así lo estima en sus cuentas, los más de 21 millones de euros en facturas que se les adeudan. Otros 2,2 millones de “saldos a cobrar con otros accionistas” del grupo los considera también irrecuperables. La dirección de la armadora considera que no tendrá que realizar más ajustes, con independencia de lo que suceda con el futuro de la empresa de túnidos.

El voto a favor de Inpesca es indispensable para que la propuesta de convenio de Atunlo salga adelante. No por el peso de sus créditos en el conjunto del total —están clasificados como subordinados, no como ordinarios—, sino porque sus barcos serían los encargados de proporcionar la materia prima. La quita del 70%, el visto bueno de la banca y el respaldo de Inpesca, en definitiva, serán los pilares que habrán de propiciar la resurrección de un grupo que llegó a ser, con ventas de 220 millones de euros anuales, el mayor comercializador de túnidos de España.

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